AEICE lanza un plan de rehabilitación de viviendas que prevé 1.600 millones de inversión y 29.000 empleos hasta 2020

  • El Clúster de Hábitat y Construcción Eficiente de Castilla y León (AEICE) ha puesto en marcha 'Acción 3R', un plan de rehabilitación de viviendas que prevé generar 1.600 millones de inversión y casi 29.000 empleos hasta 2020 en Castilla y León.
El consejero inaugura la jornada de AEICE para presentar el plan
El consejero inaugura la jornada de AEICE para presentar el plan
EUROPA PRESS
El consejero inaugura la jornada de AEICE para presentar el plan

Para ello, contempla el desarrollo de cinco ejes, 15 programas, 35 medidas y 95 acciones concretas entre 2016 y 2020, que permiten coordinar iniciativas público-privadas para mejorar la calidad del entorno residencial de las ciudades de Castilla y León. En este periodo se desarrollarían los cinco ejes que tendrían un presupuesto total de 21,2 millones de euros.

El presidente y el director general del Clúster AEICE, Alejandro Miranda y Enrique Cobreros, respectivamente, han presentado este plan en el transcurso de una jornada que ha inaugurado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha incidido en que los objetivos de esta iniciativa coinciden con las políticas de su departamento.

A este respecto, ha explicado que se trata de dejar de ver las ciudades "hacia fuera" y verlas "hacia dentro", como espacios urbanos más adecuados, más sostenibles y, en definitiva, que vayan dirigidas a proporcionar una mejor calidad de vida a los ciudadanos mediante la regeneración, la rehabilitación y renovación urbanas.

A este respecto, Alejandro Miranda ha destacado el hecho de que "desde el minuto cero" se empieza a amortizar una intervención técnica que permita una mayor eficiencia técnica y una inversión podría amortizarse en un plazo que puede ir de los dos a los ocho o nueve años, dependiendo del edificio.

NUEVO MARCO LEGAL

El plan Acción 3R, elaborado por un grupo de entidades, empresas y profesionales constituido en el seno de AEICE, pretende coordinar las iniciativas y los recursos público-privados, de manera que los edificios residenciales de Castilla y León puedan adaptarse cuanto antes a las nuevas demandas del ciudadano, así como al marco legal recientemente impulsado por la Unión Europea e incorporado en España a la normativa estatal y autonómica.

Este nuevo marco legal dispone, por ejemplo, la necesidad de que los edificios estén en condiciones de obtener distintos certificados. Entre ellos, el Informe de Evaluación y certificado de Eficiencia Energética. Y ello, con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 fijados por España para el año 2020, que se han cuantificado en 12.120 kilotoneladas equivalentes menos.

En un escenario más bien conservador, según sus autores, el plan Acción 3R prevé que se lleven a cabo proyectos de rehabilitación en el 6,5 por cientio de las viviendas principales de la Comunidad (64.100) hasta el año 2020, porcentaje que coincide aproximadamente con las previsiones realizadas por el Ministerio de Fomento para la rehabilitación de viviendas en toda España.

Esta actuación permitiría alcanzar un volumen de ahorro energético de un 23 por ciento con respecto al año 2012. Además, desde el punto de vista económico, supondría la realización de una inversión total de 1.602 millones de euros (si se considera que la inversión media por vivienda es de 25.000 euros) y la creación de 28.850 empleos.

Para facilitar el desarrollo del plan Acción 3R, el presidente de AEICE ha reclamado la colaboración de las administraciones públicas, sobre todo mediante la aprobación de una política fiscal que estimule la rehabilitación de las viviendas, especialmente estableciendo nuevos incentivos y exenciones fiscales para los propietarios.

La colaboración pública permitiría reducir en un 30 por ciento la inversión total estimada, mientras que la aportación privada (70 por ciento) podría financiarse a través de operaciones crediticias (50 por ciento) a largo plazo, rebajando así la inversión inicial de los propietarios de viviendas hasta el 20 por ciento del coste total del proyecto.

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