El exdirector gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León y sustituto de Rafael Delgado como director gerente de ADE en 2006, Benedicto González, y el que fuera director de Gesturcal Salvador Molina Marín han eludido cualquier responsabilidad en la doble operación urbanística de arrendamiento y compra del edificio de la Junta en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda y la adquisición de los terrenos para el parque empresarial de Portillo.

Ambos, que por el mismo orden han declarado en calidad de investigados por espacio de unos 45 y 40 minutos, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid coinciden en que todas las directrices al respecto llegaban pautadas desde la Consejería de Economía y Empleo presidida por Tomás Villanueva, aunque sin mencionar el nombre de este último, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El primero de ellos, sustituto de Rafael Delgado como director gerente de la ADE en 2006, ha mantenido que no asistía a los consejos de administración de dicho ente, que era el órgano donde se tomaban las decisiones sobre el polémico edificio de la 'Perla Negra', mientras que el director general de Gesturcal SA desde 2005 hasta la fusión con ADE Parques en 2008, quien volverá a declarar el 17 de junio, ha reiterado que todas las decisiones al respecto llegaban de la Consejería de Economía y Empleo y, además, ha eludido cualquir responsabilidad tras recordar que él asistía, sin voz y sin voto, a los consejos de administración de dicha empresa pública.

El interrogatorio de ambos ha seguido el guión previsto y en él han participado una veintena de abogados, así como la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, que ejerce la acción pública en persona.

La ronda de interrogatorios en el Juzgado número 2 de Valladolid comenzó el 6 de mayo cuando el juez citó a los primeros cargos y excargos de la Junta, técnicos y funcionarios vinculados a la Consejería de Economía y Hacienda y a la sociedad pública Agencia de Desarrollo (ADE) que validaron el proceso que concluyó con la adquisición del controvertido edificio y del fallido parque empresarial de Portillo.

De esta ronda de declaraciones ha trascendido que la adjudicataria del proyecto del edificio ADE en Arroyo, Urban Proyecta PM3, habría manejado, supuestamente, información privilegiada al tener acceso, antes de la publicación oficial del concurso en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), del pliego de condiciones correspondiente, tal y como reconoció el pasado 6 de mayo en sede judicial el gerente del estudio de arquitectura que recibió el encargo.

Tras las dos citas de hoy, el calendario de interrogatorios continuará el miércoles, 25 de mayo, con las comparecencias del actual secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez-Sanz Pastor, quien fue administrador de ADE y que ejerció como letrado asesor en el Consejo de Administración de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León SA (antes Gesturcal) que intervino en la adquisición de los terrenos de Portillo y del edificio de Arroyo.

También el miércoles está citado en el Juzgado número 2 de Valladolid Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal desde 2005 hasta la fusión de la sociedad con la ADE en 2008.