Frente a los ocho y hasta quince años de prisión solicitados por el Ministerio Fiscal y una de las acusaciones particulares, respectivamente, el tribunal ha resuelto imponer finalmente tres años, seis meses y un día de privación de libertad, junto con el pago de una multa de 3.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a los perjudicados de las indemnizaciones oportunas, junto con los intereses de demora, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El constructor, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid, alegó que no pudo llevar a término la promoción debido a que la totalidad del dinero obtenido se lo gastó en la preparación del terreno, consistente en el derribo de unos árboles y el movimiento de tierras, sumado al hecho del desembolso realizado por la adquisición de un solar valorado en cerca de un millón de euros-confiesa que pagó en 'b' al propietario 90.000 euros-y la falta de financiación de los bancos.

"En todos los casos en los que he actuado como promotor he entregado las viviendas, excepto en Tudela de Duero", aseguró Felipe C.G, quien insistió en que la preparación del terreno "supuso mucho tiempo y dinero", aunque también reconoció que, infringiendo la ley, no entregó a los afectados aval bancario alguno-habría garantizado la devolución del dinero-por los anticipos que los compradores de los chaléts le fueron abonando y que se elevan a unos 40.000 euros por vivienda.

DICE QUE LES OFRECIÓ "ALTERNATIVAS"

El empresario negó igualmente que el dinero lo utilizara en una promoción posterior ejecutada en Villarmenteros de Esgueva (Valladolid), donde, según él, contó con un crédito de 300.000 euros de Bancaja, y ha recordado que al comprobar que no podía concluir los chaléts objeto del presente juicio, en una parcela denominada 'El Jardín de Tudela', entre las calles Camino de Herrera y Camino de Chaperos, se reunió con los afectados para ofrecerles como "alternativas" que o bien se constituyeran en cooperativa o que adquiriesen el solar para construir las viviendas por su cuenta.

"Se negaron, querían rescindir los contratos y que les devolviera el dinero", reprochó el ahora condenado, quien reconoció que no ha devuelto un euro a los afectados, y ello a pesar de que una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 11 de Valladolid que condenó al constructor en 2014, en vía civil, a restituir a sus clientes las cantidades entregadas y los intereses legales devengados.

Precisamente, los afectados fueron 'desfilando' por la Audiencia Provincial para denunciar que los únicos trabajos acometidos por el empresario en la parcela objeto de la promoción se ciñeron a "tirar cuatro pinos y una caseta", así como para advertir de que desde el primer momento se negó a entregarles un aval bancario.

"Se lo reclamamos verbalmente y hasta por escrito, pero decía que nos fiáramos de su palabra porque era un constructor de reputación", declaró notablemente enojada una de las denunciantes, quien, al igual que el resto de afectados, aseguró que pasaban los meses y al comprobar que la promoción no arrancaba, salvo unos mínimos trabajos de "obra menor", el procesado empezó a darles "largas" e incluso a "evitarlos".