"Todo, pese a las múltiples promesas, y tras reiterados incumplimientos". En declaraciones a la Cadena SER en la Región de Murcia y recogidas por Europa Press, Luis Beñago, presidente de Amuvite, critica que ninguna de las administraciones regionales que han pasado durante este tiempo "ha tenido nunca intención de desarrollarla".

Lamenta que además, los acusen de perseguir sólo un interés económico, cuando hay aspectos relacionados con el trabajo o la vivienda -que recoge la ley- que son necesarios para las víctimas.

Antonio Frutos es guardia civil, sufrió un atentado de ETA en la Casa Cuartel de Zaragoza en el 87 en el que murieron 11 personas, y asegura decepcionado, que el actual ejecutivo "no va a hacer nada por las víctimas en esta legislatura".

Manuel Mata, también guardia civil, sufrió atentado en Madrid en 1986, con 14 muertos y 50 heridos. Dice sentirse agraviado y discriminado, "pues ahora se le da voz a los terroristas como Otegui a la cabeza en Bruselas, mientras que a las víctimas no se les escucha en esta Región".

De este modo, Mata lamenta que en este país "se hagan leyes que luego no se cumplen", y achaca esos incumplimientos a que "son pocos los afectados y por tanto, no son un granero de votos importante para los partidos".

Otra historia es la de Juan José García, también guardia civil que sobrevivió al atentado de Plaza República dominicana de Madrid. Ha sufrido desde entonces 26 operaciones quirúrgicas, y tiene un 67 por ciento de incapacidad. Las secuelas físicas son evidentes, pero las psicológicas aún perduran, porque son víctimas de por vida.

La asociación ha pedido ayuda a los partidos políticos, de momento ha sido únicamente el PSOE y su grupo parlamentario de la Asamblea Regional quienes les han escuchado. El diputado Joaquín López ha registrado esta misma semana una iniciativa en la Cámara, sin fecha aún para debatirla, donde recoge las demandas de este colectivo al que la democracia tiene una deuda con ellos.

Según López Pagán, están exigiendo al gobierno regional que "deje de marear a estas personas, que resuelvan cumpliendo la ley escrupulosamente, porque escudarse en las dificultades económicas que sufrimos es injustificable".