En una rueda de prensa para presentar la memoria anual de actividad, el magistrado ha defendido que "hay que ir a un nuevo modelo judicial, tanto en la organización territorial y la distribución de los órganos judiciales, como en la implantación definitiva de las nuevas tecnologías".

Así, tras señalar que "2016 es un año experimental", ha explicado que "a todos les cuesta mucho trabajo adaptarse, pero no tiene marcha atrás", dado que "es obligatorio" y en este caso se confiesa "moderadamente optimista", después de que "se han producido muchos desajustes al adaptarse al nuevo sistema de notificaciones, pero con el paso del tiempo los problemas se van a solucionar", de hecho "hay un alto porcentaje de integración" en el sistema Adriano.

Ante ello, ha subrayado que "a final de año se va a conseguir que sea algo corriente" la firma y el expediente digital, y sobre el objetivo del 'papel cero' en este verano, ve "un poco difícil" lograrlo para julio, teniendo en cuenta que "hay reticencias" por el personal de mayor edad.

En este sentido, considera que "hace falta formación e información" y que "los instrumentos técnicos tengan su verdadera puesta a punto". Para él, no "hay que ser radicales", dado que "si no es en julio, a lo largo de 2016 todo estará funcionando de forma razonable".

Por otra parte, cree que habría que llevar a cabo una racionalización de los instrumentos materiales y personales para "la mejor prestación del servicio público de la justicia y una modernización y actualización de las leyes procesales", especialmente la ley procesal penal o ley de enjuiciamiento criminal, que en 2015 ha sido objeto de "una reforma importante, pero que son parches", ha lamentado.

Igualmente, el magistrado ha dicho que hay "una dispersión de órganos muy importante" y, a su juicio, "la organización territorial está desfasada". También, ha criticado "la sobrecarga descomunal" en los juzgados de Primera Instancia en la capital, entre otras instancias.

Sobre la nueva Oficina Judicial, ha advertido de que "falta su implantación", algo en lo que hay "pasividad de la administración" y es "de vital importancia para la modernización de la justicia y concentración territorial", según ha argumentado, al tiempo que ha abogado por "disminuir la suspensión de los juicios".

INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL

En relación a las infraestructuras, ha elogiado que la provincia es "privilegiada", para lo cual ha aludido a la Ciudad de la Justicia de la capital, que "ya es una realidad" por "el buen ritmo" de las obras, si bien en el caso de Lucena "se necesita de unas infraestructuras más dignas", que "se deben acometer cuanto antes".

En cuanto al personal en los juzgados de la provincia, Sánchez Zamorano ha declarado que en algunos cuentan con "las mismas plantillas que hace 40 años", de modo que "son totalmente escasas", a la vez que ha destacado que "ya se ha reforzado" el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, con "un tramitador", y cree que "no es necesario un nuevo juez".

Dicho juzgado del norte de la provincia cordobesa instruye el caso 'Rocket', en el que se investigan supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Ayuntamiento y hay nueve imputados, entre ellos la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE).

LOS DATOS

Tras apuntar que "los procesos penales ocupan el 74% de toda la litigiosidad", el magistrado ha informado de que el juzgado de lo mercantil de Córdoba registró en 2015 un total de 52 procedimientos concursales, tres más que en 2014, de modo que "la litigiosidad ha aumentado ligeramente".

En concreto, el presidente ha explicado que "ha habido muchos asuntos sobre condiciones generales de contratación y anulación de las cláusulas suelo" y "las consecuencias de siete u ocho años de crisis". Así, en 2015 se registraron unos 1.300 asuntos y se resolvieron 900.

Y en materia de violencia de género, ha detallado que "se ha detectado un descenso de las mujeres que renuncian a continuar con el proceso, pero hay un aumento de las sentencias que se dictan, así como de las condenas", al tiempo que ha indicado que tiene "una carga ligeramente superior" de asuntos, con unos 1.800, pero "es perfectamente asumible".

Al respecto, en la provincia cordobesa se han presentado 1.638 denuncias, en las que el 4% de las denunciantes han renunciado, y se han dictado 67 sentencias condenatorias, según ha detallado.

No obstante, el presidente de la Audiencia ha apuntado a la posibilidad de crear un segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la capital. En este caso, se plantea transformar uno de los dos juzgados de Menores, que están "muy por debajo del porcentaje razonable de carga de trabajo para un juzgado exclusivo".

En resumen, el magistrado ha resaltado que la Audiencia Provincial de Córdoba es de "las mejores en su funcionamiento en España", a la vez que ha advertido de "la sobrecarga de trabajo" en los distintos juzgados.