La ex delegada de Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano Prieto, imputada en la causa de las ayudas a la formación, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación por los cursos de formación, pero, si bien, en su primera y única intervención ha asegurado que "nunca" recibió ni dio "instrucciones, directrices ni órdenes" para incumplir la normativa vigente en cuanto a la gestión y justificación de los cursos de formación en Sevilla.

Así se ha pronunciado ante la comisión de investigación, por la que ya han pasado el resto de delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Cosano que, aunque ha permanecido en la comisión mientras los miembros de la misma han realizado las preguntas, no ha contestado a ninguna, sí ha afirmado que "en todo momento actuó con el convencimiento de que las decisiones que tomaban estaban sustentadas en el más estricto cumplimiento de la ley".

"Me permito recordar que todas las actuación en formación profesional para empleo de las convocatorias que tuvieron lugar en mi etapa de responsabilidad estaban sometidas de manera escrupulosa a los controles de fiscalización legales establecidos, lo que hace imposible la existencia de responsabilidad en los términos planteados en cuanto a gestión y justificación de cursos", ha subrayado.

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