El sindicato de la policía SLFP acusó este sábado al ministro belga de Interior, Jan Jambon, de "jugar sucio" cuando dijo que el enlace policial en Turquía actuó con negligencia al no transmitir correctamente la información sobre uno de los autores de los atentados de Bruselas, Ibrahim El Bakraoui.

El sindicato se mostró "profundamente dolido" por las declaraciones del ministro en una comisión parlamentaria el viernes, cuando echó la culpa al funcionario de enlace de su embajada en Turquía, Sébastien Joris, quien fue el primer informado por Ankara de que El Bakraoui había sido detenido por terrorismo.

El enlace de la Policía federal en Estambul fue informado de este hecho después de que Ibrahim El Bakraoui, terrorista suicida del atentado en el aeropuerto internacional de Bruselas del pasado martes, fuera expulsado de Turquía a Holanda, dato que también le trasladaron las autoridades turcas.

"Tras una reunión con la Policía federal solo he podido concluir que alguien ha sido negligente, no ha sido suficientemente proactivo, ni comprometido con un dossier donde desde el principio podíamos notar que se trataba de terrorismo", dijo Jambon.

Para el sindicato policial, el ministro no solo ha apuntado con el dedo públicamente a un compañero, sino que le ha "prejuzgado" sin que éste pudiera defenderse.

A juicio del presidente y el vicepresidente nacionales de SLFP, Vincent Gilles y Vincent Houssin, se trata de un "juego político sucio" dentro de la investigación del doble atentado de Bruselas, con 31 muertos, que obligó al Gobierno belga el viernes a admitir que ha pasado por alto datos clave para la lucha antiterrorista.

El día que se produjeron los ataques tampoco funcionó todo como debía, según revelan los diarios Niewsblad y Gazet van Antwerpen, al fallar inmediatamente después del ataque al aeropuerto internacional de Zaventem el sistema de comunicación Astrid, destinado a los servicios de emergencia y de seguridad.

En consecuencia, las operaciones de socorro dirigidas por la Policía se vieron dificultadas y, tal como reveló un agente policial, los servicios se vieron obligados a comunicarse a través de la aplicación de mensajes Whatsapp.

La comisaria general de la Policía federal, Catherine De Bolle, ha exigido una investigación por este fallo en el sistema interno y de seguridad de comunicación.