La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas logró en 2015 una recaudación adicional de 56 millones de euros a través de la lucha contra el fraude en los impuestos cedidos que gestiona la propia Comunidad Autónoma, lo que supone una cantidad "muy relevante" porque representa el 16 por ciento de la recaudación de tributos propios, un porcentaje que se repite en los últimos años.

Así lo ha hecho saber el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, quien ha explicado que el Gobierno regional "no se conforma" con estas cifras y tiene en marcha un plan para aumentar la lucha contra el fraude fiscal y que se marca como objetivo elevar la recaudación adicional de 56 a 85 millones de euros en el año 2018, lo que supone un 52 por ciento más.

En el marco de este plan para aumentar la lucha contra el fraude fiscal, la Comunidad ha creado dos cuerpos de funcionarios especializados, como son el cuerpo superior de administradores tributarios y el cuerpo técnico de administradores tributarios, y ha confirmado que el 8 de abril comenzará la primera oposición para incorporar a diez inspectores a la plantilla de 14 personas que ya forman parte de estos cuerpos especializados.

No obstante, Carrillo ha admitido que los tres exámenes de la oposición terminarán aproximadamente en septiembre u octubre, por lo que el impacto de la medida no se va a notar "especialmente" este año 2016, aunque espera que los datos mejoren respecto a 2015.

En concreto, el Gobierno regional ha obtenido en 2015 un total de 46,5 millones de euros gracias a 11.400 actuaciones de revisión de autoliquidaciones de los declarantes; y ha logrado una recaudación adicional de 6,3 millones de euros gracias a 1.030 inspecciones para detectar operaciones que realmente no se han realizado y que no ha habido autoliquidación, a pesar de que si se ha realizado el hecho imponible.

Además, el Gobierno regional ha recaudado 3,1 millones de euros adicionales a través de un tercer procedimiento que se pone en marcha cuando un deudor carece de bienes para pagar, derivando el pago a aquellas personas que tienen responsabilidad.

Carrillo ha destacado que el Gobierno regional cuenta con otras herramientas para luchar contra el fraude fiscal, como son las comisiones de coordinación, una de las cuales se llama Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de Gestión Tributaria, que coopera con la propia Agencia Tributaria Provincial, y que ha realizado actuaciones en 2015 y que ha supuesto una recaudación adicional de 3,8 millones de euros para el Estado.

Esta recaudación ha sido posible gracias a la información que la Comunidad Autónoma facilita a la Agencia Tributaria española de datos de ciudadanos murcianos.

Una actividad "sumamente perjudicial"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carrillo ha reconocido que el fraude fiscal es "sumamente perjudicial para la actividad económica" porque "desmotiva a los contribuyentes cumplidores; supone una competencia desleal de las empresas que no cumplen respecto a las que sí cumplen; y porque genera una merma de ingresos muy importante para las administraciones".

Ha destacado que el Gobierno regional tiene como objetivo "prioritario" de la legislatura "bajar impuestos" tal y como hizo con la primera medida que adoptó, reduciendo un 50 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones, y otras medidas posteriores, pero advierte que para ello "tenemos que pagar todos".

Ha lamentado que el fraude fiscal supone una merma de ingresos a las administraciones públicas por vías directa e indirecta. En lo que respecta a la vía indirecta, ha señalado que afecta al IVA y al IRPF, que recauda la Agencia Tributaria pero que repercuten en las comunidades a través de la financiación autonómica.

El sistema de financiación supone el 77 por ciento de los ingresos de la Comunidad, por lo que advierte que el impacto del fraude fiscal "es muy importante".

Además, ha indicado que el fraude fiscal afecta de forma directa a la Comunidad Autónoma con los impuestos que el Gobierno regional recauda desde la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que comprende el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de sucesiones y donaciones y los tributos del juego. Estos impuestos directos representan el 13 por ciento de los ingresos públicos de la Comunidad, según Carrillo.

Carrillo ha señalado que no hay un "perfil" de defraudador como tal, aunque sí que ha admitido que el fraude es "mucho menor" en los impuestos que gestiona la Comunidad Autónoma que en los que gestiona el Estado. De hecho, ha puntualizado que el "gran fraude" se centra en el IRPF, en el IVA y en el Impuesto de Sociedades, que los gestiona directamente la Agencia Tributaria española.

"Los impuestos de la Comunidad Autónoma están mucho más cogidos porque, prácticamente, todos los hechos imponibles pasan por un notario como registrador de la propiedad, lo que permite cruzar los datos y detectarlos", según Carrillo.