El Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento de Gijón ha abogado este miércoles por la demolición de la regasificadora de El Musel, una vez que el Tribunal Supremo ha sentenciado que es ilegal, al mismo tiempo que han exigido responsabilidades políticas y técnicas.

Así lo han indicado el portavoz de XSP, Mario Suárez, y el edil de esta formación David Alonso, quienes han señalado como principal responsable político al senador y ex presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces.

En este caso, Alonso ha apuntado que Areces ha tenido su peso en este asunto y debería ser "consecuente", teniendo en cuenta, según él, que indujo al Gobierno Central a hacer una regasificadora y al final van a ir los 380 millones de euros de inversión "a la basura" porque esta infraestructura "faraónica" no sirve "absolutamente para nada".

Para el edil, tanto a Areces como su grupo político, el PSOE, debería responder, al margen de que también tengan su parte de responsabilidad la Administración Central y Enagás, empresa que construyó la planta. Sobre esto último, ha incidido en que pese al interés empresarial, todo se inicia por una decisión política.

De hecho, ha avanzado que el Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias interpelará a la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, por este asunto, para que explique tanto como por qué se hizo como cuál va a ser la política que se va a seguir actualmente.

Alonso, asimismo, ha recalcado que los 380 millones de euros que costó la regasificadora suponen 17 años de inversiones de un Ayuntamiento como Gijón, a lo que hay que sumar casi nueve millones de euros que cuesta anualmente mantener una infraestructura que ha tildado de "megamastodonte".

Ha comparado el caso con la Depuradora del Este, anulada judicialmente, aunque con la diferencia de que en este último hay un tubo gigante por el que sale agua contaminada al mar, mientras que en la regasificadora hubo "una lapidación de dinero faraónica", ha apostillada. Es más, ha apuntado que para lo único que va a servir la regasificadora es para hacer de paraviento en El Musel.

Sobre si ve necesario demoler al depuradora, ha señalado que hay una sentencia y hay que cumplir la ley, a lo que ha augurado que llegarán multas de entre 15 y 18 millones de euros de la UE por no tener solucionado el problema del saneamiento. "A veces nos reíamos del aeropuerto de Castellón, pero ojito, que ya lo estamos superando", ha hablado de las inversiones en infraestructuras que han sido anuladas, a lo que ha sumado los problemas de Sogepsa y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

Suárez, asimismo, ha insistido en que hay una serie de responsabilidades políticas, al igual que con la sentencia que anuló la depuradora del Este. Sobre la regasificadora, se ha quejado tanto del Gobierno Central como en su día del regional de Areces, que trató, a su juicio, de legalizar "por la puerta de atrás" esta obra y ahora estamos "pagando los patos de un faranoísmo", ha apostillado sobre una infraestructura que, para él, no tiene sentido y es ilegal al estar a menos de 2.000 metros de un núcleo habitable.

Ha arremetido, también, contra una serie de grupos políticos que son "esclavos" de su pasado y en vez de avanzar y asumir responsabilidades están mirando a ver cómo se cargan el Plan General de Ordenación (PGO). Así lo ha dicho sobre la gestora del PSOE gijonés, a la que ha acusado de pasar el tiempo "exclusivamente" mirando cómo encuentra fórmulas técnicas para "cargarse" el PGO.