El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves que la Junta de Andalucía exige a la empresa adjudicataria que contrata parte del personal del servicio de Emergencias 112 las máximas condiciones de garantías en su relación con los trabajadores, respetando el ámbito normativo legal que compete en materia laboral, mientras que la diputada del Grupo Popular en el Parlamento andaluz Rosalía Espinosa ha incidido en que se producen "protestas continuas" en el seno de ese colectivo de trabajadores.

Ha sido en el transcurso de una comparecencia, este jueves, del consejero en la comisión parlamentaria del ramo, donde la citada diputada del PP-A ha preguntado a De Llera si considera "adecuadas" las condiciones laborales de los trabajadores del sistema 112.

De Llera ha respondido señalando que Emergencias 112 Andalucía cuenta sólo con dotación de personal funcionario adscrito a la Consejería de Justicia e Interior y a las delegaciones del Gobierno en algunas categorías profesionales, y que procede a la contratación externa de determinadas áreas del funcionamiento de los centros de coordinación de este servicio, por lo que la Consejería "no tiene ninguna vinculación con el personal de las empresas prestatarias de servicios, ni tiene responsabilidad alguna como consecuencia de las relaciones laborales", tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En dicho pliego, según ha informado la Consejería de Justicia e Interior, se indica que el personal destinado a la cobertura del servicio contratado dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, entidad que tiene todos los derechos y obligaciones que le son inherentes en su calidad de empleador y que debe cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social y seguridad e higiene en el trabajo respecto al mismo.

El consejero ha explicado que las empresas adjudicatarias justifican el cumplimiento de la legislación en el marco del servicio licitado a través de las cláusulas y anexos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que, como parte del modelo de trabajo, la Junta realiza un seguimiento pormenorizado del proyecto a través de reuniones periódicas con los responsables de las empresas que prestan servicios a Emergencias 112 Andalucía en todos sus centros regionales y provinciales.

La Consejería de Justicia e Interior, según ha añadido, también participa en comisiones técnicas que realizan seguimientos y análisis cuatrimestrales del desarrollo todos los procesos asociados al sistema y, en particular, al de calidad de los servicios, así como de la planificación estratégica y de mejora de la organización.

A estos mecanismos de control se suman las auditorías internas y externas anuales que permiten verificar que "el sistema está dentro de un proceso de mejora continua y de un control de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía", según De Llera.

El consejero ha apuntado que, en la medida de las disposiciones presupuestarias, la Junta trabaja permanentemente "en la revisión y mejora de las condiciones de ergonomía y confort de sus centros de trabajo, en el marco de su política de calidad integral", y "en la exigencia del cumplimiento y respeto exhaustivo de todas las estipulaciones establecidas en los correspondientes documentos contractuales con las empresas externas".

Todo ello, ha concluido, "sin perjuicio de considerar que, en todo caso, la determinación de las condiciones socio-económicas del personal de estas empresas corresponde en última instancia al empleador".

De Llera ha reconocido el trabajo realizado por los profesionales del 112 y ha recordado que cada año se realiza entre los usuarios una encuesta para conocer la satisfacción de la ciudadanía con el servicio que refleja que, desde el 2007, uno de los aspectos mejor puntuados ha sido la calidad del personal, en especial, su profesionalidad y su amabilidad, que mereció un 9,02 sobre 10.

Servicios públicos de emergencias "desmotivados"

Frente a ello, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha señalado que el Gobierno socialista de Susana Díaz cuenta con "dos servicios públicos de emergencias fundamentales" como son el 061 y el 112 "absolutamente desmotivados y en permanente conflicto", con "protestas continuas" y "procedimientos judiciales en todas las provincias".

Además, "hay despidos y se han interpuesto denuncias", y este mismo miércoles, según ha apuntado, se vivió un "encierro de protesta de trabajadores" en el Pleno que la Diputación de Cádiz celebró en Algeciras.

"Es la realidad que vemos frente a los premios que se dan ustedes mismos", según ha aseverado Espinosa, que ha insistido en apuntar "denuncias continuas por las condiciones laborales y la falta de medios", por lo que "algo no va bien".

El consejero De Llera ha concluido el debate insistiendo en señalar que la responsabilidad al respecto de las condiciones laborales de esos trabajadores es de la empresa adjudicataria, que es "a quien denuncian" los trabajadores, y le ha preguntado a la parlamentaria del PP-A si lo que propone es que la Junta haga "una gran agencia de emergencias dependiente del Gobierno" andaluz.