El Defensor del Pueblo Andaluz, que encabeza Jesús Maeztu, ha decidido archivar el expediente de queja abierto ante la situación generada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al exigir el requisito de Máster a los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) a 1 de septiembre de 2015 y la "incapacidad" de un número importante de profesores para poder realizar esta formación en Andalucía.

Las organizaciones sindicales demandaron a la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, actual Consejería de Educación, la búsqueda de una solución inmediata para resolver este problema, según recuerda el Defensor en una resolución consultada por Europa Press.

Ante dichas circunstancias, la Defensoría promovió queja ante la Secretaría General de Educación, actual Secretaria General de Educación y Formación Profesional, por cuanto podrían resultar afectados "cientos" de profesores en la región que, de no habilitarse medidas al respecto, no podrían impartir docencia en el próximo curso escolar.

Del informe recibido de la Consejería se dilucida la necesidad de poseer una formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado para la impartición de enseñanzas de FP, así como el emplazamiento estatal a desarrollar una formación pedagógica y didáctica equivalente para el profesorado que, por razones derivadas de su titulación, no pueda acceder a los estudios de máster, "de tal forma que mientras no se desarrolle no se podrá exigir el citado requisito al cuerpo afectado".

Dada la "exigua" oferta ofrecida de formación pedagógica y didáctica equivalente en el territorio nacional, el Ministerio optó por realizar una moratoria, prorrogando hasta el 1 de septiembre de 2015 la necesidad de posesión del requisito de formación pedagógica y didáctica para el profesorado de FP.

Entre los integrantes de las bolsas de trabajo del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional existen dos colectivos diferenciados: aquellos que solo tienen una titulación declarada equivalente a efectos de docencia y aquellos otros con titulación universitaria.

Y en este sentido, destaca el Defensor que a los universitarios se les ha venido ofertando desde todas las universidades andaluzas un máster oficial para cumplir la acreditación de la formación pedagógica y didáctica, no así para el colectivo minoritario, de los que solo tienen una titulación declarada equivalente a efectos de docencia.

En consecuencia, el organismo considera que procede dar por finalizadas las actuaciones iniciadas en su momento y el archivo del expediente al no apreciar irregularidades en la actuación.