El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha explicado en el Parlamento que la Junta suscribirá próximamente el convenio de colaboración que se encuentra ya ultimado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinar a alquiler social un parque inicial de 400 inmuebles localizados en los municipios de Andalucía con mayor demanda, después de que se haya realizado una inspección de estos inmuebles, verificando sus condiciones de habitabilidad.

Esta cesión, que se prolongará por un periodo de cuatro años, se regulará a través de este convenio de colaboración entre ambas partes, "una vez que la Junta de Andalucía ha realizado un trabajo de inspección de esos inmuebles, verificando sus condiciones de habitabilidad", ha destacado.

El titular de Fomento y Vivienda ha subrayado que "desde el comienzo de la legislatura hemos tratado de mejorar la situación de los ciudadanos que viven bajo la amenaza de perder su vivienda, actuando desde diferentes frentes".

En ese sentido, ha añadido que su departamento "ha mantenido encuentros con todos los agentes sociales más relevantes así como con las instituciones implicadas, como el Defensor del Pueblo, las entidades financieras, la FAMP o las plataformas y organizaciones no gubernamentales comprometidas con esta tarea, para hacer un abordaje eficaz de la política de vivienda en nuestra comunidad", asegurando además que dentro de esta ronda se inició una línea de trabajo con la Sareb.

La firma de dicho acuerdo es la culminación de una línea de trabajo abierta el pasado otoño con los representantes de la Sareb con el fin de disponer de esos activos para darles un uso social y evitar que esos pisos permanezcan vacíos.

La oferta presentada se ubica en 78 municipios de las ocho provincias andaluzas, incluidas las ocho capitales de provincia, correspondiéndose así con los puntos de la comunidad con mayor demanda de vivienda, respondiendo así a una exigencia planteada a esta sociedad por la Junta de Andalucía.

En contraprestación por la cesión temporal de los 400 pisos, la Consejería de Fomento y Vivienda deberá abonar por cada uno de ellos una cuantía fija que se establece en 125 euros al mes si está vacío y en 75 euros si la vivienda está ocupada por sus propietarios originarios. En estos últimos casos, la Consejería deberá regularizar la situación de esas familias a través de un contrato de alquiler social con el fin de normalizar su estancia y darles garantía jurídica.

Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la Consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten, con carácter general, a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.

Las rentas mensuales que deberán abonar los futuros inquilinos de las viviendas serán asequibles y se ajustarán a las condiciones económicas de las familias con menos recursos, garantizando que ese importe no supere el 30 por ciento de los ingresos netos actuales de la unidad familiar.