La Consejería de Economía y Hacienda y los grupos parlamentarios se han dado un plazo de 20 días para realizar las correspondientes aportaciones que permitan fijar una postura conjunta "de Comunidad" de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica.

Así lo ha explicado este viernes la consejera, Pilar del Olmo, quien en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera reunión, en la que ha percibido "ganas de llegar a un acuerdo" y "buena disposición", también por parte de Ciudadanos y Podemos, nuevos en las Cortes, ha precisado que se han dado un plazo de 20 días para realizar aportaciones que permitan cerrar una postura conjunta sobre el nuevo modelo de financiación en base a la resolución aprobada en junio de 2013 en el marco del Debate de Política General.

En su opinión, no será difícil alcanzar una postura común en lo que a los principios generales se refiere, que no en cifras, para poder tenerla en el momento en que se plantee la reforma. "Pretendemos defender los intereses de Castilla y León frente al Gobierno que se constituya", ha destacado antes de incidir en que por ello establecerán principios para afrontar la negociación y no cifras, ya que lo "importante" es el peso en el reparto.

En este mismo sentido, ha destacado que Castilla y León busca poder financiar no solo la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, sino todos los "servicios transferidos", como el mantenimiento de las infraestructuras o la lucha contra los incendios forestales, que son "tan importantes" como los tres primeros.

La "quimera" de la negociación

No obstante, pensar en el momento en que comenzará la negociación del modelo es ahora "una quimera" dado el actual escenario político nacional. "Estoy por apostar que el año que viene no hay nuevo modelo", ha afirmado en este sentido Del Olmo, quien tras recordar que las negociaciones del pasado sistema, firmado en 2009, comenzaron en 2004, ha aplazado hasta 2020 la posible aprobación en caso de que esta reforma se vincule a la de la Constitución.

La que se tendrá que afrontar cuando quede conformado el nuevo Gobierno en Madrid será una negociación "muy compleja, difícil y delicada", según la consejera, quien ha recordado además la condición de ley orgánica del modelo, lo que a su vez conlleva unas mayorías más amplias.

Pilar del Olmo, quien ha tildado de "complejo, muy oscuro e imprevisible" el actual modelo de financiación, ha recordado también los "malos resultados" que ha dado en Castilla y León, que ha pasado de tener un peso en el sistema superior al siete por ciento a situarse por debajo de ese porcentaje pese a que la recaudación del Estado, fruto de la subida del IVA, se ha incrementado, lo que no ha redundado en las aportaciones recibidas por las comunidades.

Entre los condicionantes que pueden determinar el nuevo modelo figura la evolución económica del país después de años "muy duros" de crisis que hicieron que el que rige en la actualidad "funcionara muy mal". "Todo va a depender de la evolución económica", ha insistido antes de ligar este hecho a la "incertidumbre" actual.

"Es muy difícil repartir cuando no hay", ha aseverado la consejera de Economía y Hacienda, quien no ha descartado que la posible presencia de Podemos en un futuro Ejecutivo nacional pueda condicionar la actividad económica, como también lo podría hacer la apuesta por la plurinacionalidad, que supondría "hablar de otra cosa".

Pendientes de la reforma constitucional

El procurador socialista Javier Izquierdo y Carlos Chávez, de Podemos, se han referido en sus declaraciones a los medios a la perspectiva de una reforma constitucional que podría determinar las condiciones de aprobación del nuevo modelo.

En este sentido, Izquierdo ha considerado "muy probable" que "con la nueva conformación de las Cortes" se lleve a cabo una reforma constitucional que contemple cambios en el sistema de financiación autonómica. Es por ello que ha abogado por "estar pendientes" de esa reforma a fin de que los principios e intereses de Castilla y León estén presentes y recogidos en ese nuevo texto.

Chávez, por su parte, ha apuntado a la necesidad de hablar de la garantía de un suelo de gasto social y se ha referido a los "dos horizontes" que maneja su Grupo: "plantar cara" en la Unión Europea a los principios de austeridad y la reforma constitucional "teniendo en cuenta que la financiación tiene que quedar mejor reflejada, con criterios más estables".

Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, ha asegurado que las condiciones y especificidades de la Comunidad no son las que más pesan "políticamente" y esa es la razón por la que la financiación es "insuficiente", a lo que ha añadido el objetivo de su partido de encontrar "elementos comunes" a fin de que todos los españoles tengan los mismos derechos y prestaciones básicas en cualquier comunidad.

Desde el Grupo Mixto, José Sarrión ha considerado que el debate se centra en "cómo se reparten las migajas del Banco Central Europeo" a las comunidades, por lo que, a su juicio, "poco se puede esperar" ya que serán la canciller alemana, Angela Merkel, y el BCE los que decidan los criterios para afrontar el gasto social.

Por último el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que Castilla y León "se juega muchísimo" en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que es el tema "más importante" para la Comunidad junto a la reforma del Estatuto de Autonomía, la Ordenación del Territorio y la industrialización.