El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha anunciado este jueves que se hará eco de las reivindicaciones de la asociación de consumidores Facua mediante una serie de iniciativas y ante la "dejación de funciones" que en materia de consumo está protagonizando el Gobierno andaluz, según la formación morada.

En rueda de prensa en el Parlamento, la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, junto al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que el primer paso que planea dar su grupo en la Cámara es presentar una interpelación a la Consejería de Salud "con la intención de preguntar al consejero acerca de lo que entendemos que está siendo una dejación de funciones en materia de consumo", para después presentar una moción que dé solución a este conflicto.

De la misma manera, Podemos preguntará a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las sanciones impuestas y cobradas a las entidades financieras en Andalucía en los últimos tres años, "para saber si el anuncio de las sanciones a los bancos por las cláusulas abusivas se han llevado a cabo, a qué entidades y que se haga público", porque entiende que esta es "la manera más coercitiva para que no vuelva a ocurrir".

Así las cosas, Rodríguez ha explicado que forma parte de la línea de trabajo de Podemos que la administración garantice que las empresas que contratan con la Junta respeten la legalidad.

Además, para Podemos, en la actuación de la Junta en materia de consumo, también hay una "dejación de la parte más débil", porque entiende que la administración no debe ejercer meramente de mediador, "dando por hecho que las dos partes son iguales", sino que la Junta "tiene que tutelar al usuario y no dejar impune ningún fraude, esta será la garantía de que no haya nuevos fraudes".

2015,

Año "histórico" en denuncias

De su lado, Rubén Sánchez ha explicado que han comenzado con Podemos una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios "ante la inacción de la Junta en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de la banca, las grandes compañías de telecomunicaciones, energéticas y automovilísticas".

Ha advertido de que, mientras 2015 ha sido un año "histórico" por el número de denuncias y la magnitud de los fraudes empresariales sufridos por los ciudadanos, la Junta ha mantenido su autoridad de Consumo "bajo mínimos en medios técnicos y sin unas líneas de actuación marcadas por su dirección política".

El representante de Facua ha concretado que el año pasado los andaluces plantearon casi 40.000 consultas y reclamaciones y que las denuncias batieron todos sus récords, con un incremento del 72 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

Frente a esta circunstancia, Facua quiere trasladar a los partidos siete medidas urgentes que debería adoptar el Gobierno andaluz para paliar la situación, de manera que propone dotar de personal, formación y recursos a la Dirección General de Consumo; transparencia en las actuaciones frente a los fraudes masivos; contundencia ante los atentados contra los derechos de los consumidores; actualizar el régimen sancionador andaluz; dar una respuesta rápida ante los fraudes; reconocer a las asociaciones de consumidores como parte en los procedimientos sancionadores, y la creación de una estructura estable para la protección de los consumidores, para que las competencias de consumo "no cambien cada cuatro años de consejería".