La Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales han rubricado este miércoles un acuerdo para flexibilizar el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un derecho subjetivo incluido en el Estatuto de Autonomía para garantizar una atención a las personas más vulnerables que se reconocerá al mes siguiente de producirse la solicitud, frente a los tres meses estipulados en la actualidad.

Esta es una de las principales mejoras que se introducirá en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía que abrirá por primera vez la posibilidad de incentivar contratos temporales a jornada completa y por un mínimo de 180 días para los perceptores de este derecho subjetivo para que puedan entrar en la rueda de generación de subsidios y prestaciones por desempleo y "se vuelvan a sentir útiles para la sociedad a través del trabajo".

El acuerdo del Diálogo Social, que se hará efectivo con la aprobación en un plazo de unos dos meses de un Decreto-Ley que se tramitará después en las Cortes como proyecto de ley, prevé también la compatibilización de la Renta con otras prestaciones de desempleo, aunque los sindicatos no han conseguido introducir finalmente las pensiones no contributivas ya que, según ha admitido el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, no estaba claro si habría problemas de incompatibilidad para sus perceptores, si bien ha asegurado que no abandonarán este objetivo para futuras modificaciones.

La RGC beneficiará también a grupos que hasta el momento no podían acceder a este derecho subjetivo, como algunos menores de 25 años "en situaciones preocupantes", y facilitará la "reanudación automática" de la percepción una vez finalizada una actividad laboral cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, lo que evitará tener que reiniciar el proceso para el reconocimiento del derecho como ocurre en estos momentos.

Otras de las novedades pasan por la creación de un servicio de información especializado sobre la Renta Garantizada en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales a fin de reforzar el apoyo profesional en la tramitación y el fortalecimiento de medidas de seguimiento y se contempla también la posibilidad de suscribir acuerdos con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de RGC.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se ha mostrado convencido de que estas mejoras en la gestión y acceso a la RGC dan respuesta "en buena medida" a las advertencias de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, a pesar de haber dado una "muy buena valoración" al sistema regional, sí recomendaba avances como los que se incluirán a través del acuerdo con los agentes económicos y sociales.

Estas mejoras supondrán un esfuerzo presupuestario de unos 14 millones de euros que se costearán a partir de los ahorros derivados de la prioridad establecida en el Plan de Empleo Local que destina 10 millones de euros para fomentar la empleabilidad de estas personas en situación de especial vulnerabilidad.

Llaman al máximo consenso de los grupos

Tanto el presidente de la Junta como los dirigentes económicos y sociales han coincidido en su llamamiento a los grupos parlamentarios para sacar adelante estas modificaciones con el máximo consenso desde el convencimiento de que "quitarán muchas trabas y facilitarán la entrada y salida de los perceptores para su empleabilidad sin tener que reiniciar los trámites".

"Poco a poco vamos adaptándonos a las posibilidades y a las realidades", ha reconocido el dirigente regional de CC.OO, Ángel Hernández, al que ha secundado su homólogo en UGT quien, tras recordar que cada reforma de la RGC se hace pensando en quien necesita la ayuda, ha expresado su deseo de que el próximo año la Junta tenga que rebajar la actual partida de 69 millones de euros ya que supondría que la sociedad castellanoleonesa ya no necesita la atención de la Administración.

Por otro lado, Junta y agentes económicos y sociales han rubricado también este miércoles el Plan Anual de Políticas de Empleo que mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) dirigido a la reinserción laboral de los desempleados mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros.

Según ha significado el presidente, esta novedad incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender esta ayuda de 426 euros a los autónomos que hayan cotizado por desempleo y hayan agotado las prestaciones.

Además, Junta y agentes económicos y sociales han rubricado otro acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León que contará con un presupuesto de 23,4 millones de euros "con un marco estable" para toda la Legislatura, según se ha comprometido el presidente del Gobierno regional, quien ha hecho especial hincapié en favorecer a los colectivos más vulnerables, personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM, en una profundización del "giro social" iniciado en 2013.

Para ello, se modificarán las bases reguladoras de las ayudas al alquiler para dar prioridad a esas personas y unidades familiares con menos ingresos, se eliminará el umbral de ingresos mínimos y se elevará el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales "con la posibilidad de complementar más tarde dicho porcentaje con fondos autonómicos".

Herrera ha anunciado que la Consejería de Fomento publicará de manera inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por 11,37 millones de euros, que será complementada con 5 millones de fondos autonómicos, y se ha comprometido a incluir del año 2017 en adelante un mínimo de 5 millones de euros anuales complementarios a los fondos estatales del plan de vivienda.

Estas ayudas van dirigidas a las unidades de convivencia, que son el conjunto de personas que habitan en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, que les subvencionan el 40 por ciento de los recibos mensuales de alquiler de su vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales.

En cuanto a las ayudas para rehabilitación edificatoria, Herrera ha anunciado la publicación "de forma inmediata" de una nueva convocatoria por 7,09 millones de euros para financiar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León.

Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.

Herrera ha coincidido con los agentes económicos y sociales la relevancia del Diálogo Social en Castilla y León por su capacidad para dar estabilidad y confianza a los que generan los empleos, los empresarios, y para proteger de una forma "más ágil y eficaz" a las personas más vulnerables y más damnificadas en estos años de crisis.