El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pide "medidas urgentes y excepcionales" para hacer frente a los pagos por el salario social —del que dependen familias en situación de extrema necesidad sin otros ingresos—, tal y como la Institución viene reclamando en sus informes anuales ante el Parlamento de Andalucía y ante la Administración andaluza.

Para el Defensor, según una nota de prensa, "urge" aprobar definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad de las solicitudes que hay en espera desde hace meses; adoptar en las Delegaciones Territoriales las medidas necesarias —materiales y personales— para que se resuelvan a la mayor brevedad y urgencia posibles las solicitudes en espera que reúnan los requisitos exigidos y las que se vayan presentando en el plazo legalmente establecido de dos meses; así como que se arbitre la dotación de los fondos suficientes para hacer frente a los pagos pendientes.

Asimismo, Maeztu demanda que "se corrijan las disfuncionalidades detectadas en el programa", tanto en lo que atañe a los plazos de tramitación y reconocimiento, como en lo relativo a la insuficiencia presupuestaria. "Los incumplimientos en los pagos de esta ayuda, con mas de un año de retraso en muchos casos, está abocando a muchas familias a vivir situaciones de auténtica desesperación y emergencia social, toda vez que esta prestación constituye, hoy por hoy, su única fuente de ingresos", señala.

Las quejas por la excesiva dilatación en el reconocimiento y en los pagos de la prestación económica por el Programa de Solidaridad, conocido como salario social, han aumentado en 2015 un 25 por ciento más con respecto al año anterior que, asimismo, sufrió un incremento del 300 por ciento.

La oficina ha tramitado 200

Quejas en 2015

En total, la Oficina del Defensor ha tramitado en 2015, 200 expedientes de queja por motivo de los retrasos en los pagos o en los reconocimientos de nuevas solicitudes, sobre todo, localizadas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Es por ello que la Institución andaluza insiste en que viene reclamando en sus informes anuales ante el Parlamento de Andalucía y ante la Administración andaluza medidas urgentes y excepcionales para hacer frente a los pagos por salario social y al reconocimiento de nuevos demandantes.

Para el Defensor del Pueblo Andaluz el salario social ha demostrado "estar obsoleto" por lo que "se requiere una modificación urgente de la normativa actual mientras tanto no se apruebe la Ley de Renta Básica", concluye.