En el sector inmobiliario la letra pequeña es casi tan importante o más que la grande. No hay que saltarse ninguna línea del contrato, ya que de lo contrario pueden llevarse un disgusto. Es lo que les ha ocurrido a varios inquilinos de las promociones de VPO en régimen de alquiler que se sortearon por primera vez hace varios meses en la capital granadina.

Éstos han denunciando ante el Ayuntamiento lo que ellos consideran un "fraude", ya que las constructoras, dicen, les han exigido fianzas de entre 6.000 y 12.000 euros por formalizar el contrato de las rentas.

El Consistorio de la ciudad, promotor de esas viviendas -situadas junto a la estación de autobuses- ha iniciado una investigación para aclarar los hechos, según el portavoz del equipo de Gobierno local (PP), Juan Antonio Mérida. El proyecto de estos pisos municipales, dirigidos en su mayoría a jóvenes y personas con pocos recursos, se materializó con la idea de sacar al mercado rentas mensuales baratas de entre 200 y 500 euros.

Este concepto no se corresponde con las cuantías que, supuestamente, exigen las promotoras como fianza. Mérida explicó que, tras conocer las denuncias, el Ayuntamiento ha comprobado que las escrituras de cesión a los promotores exigen a los inquilinos una fianza equivalente a un mes de alquiler, "como ocurre en cualquier tipo de arrendamiento". Así pues, la cantidad supuestamente demandada por las constructoras es ilegal.

"Los inquilinos no tendrán que pagar esa cantidad", aseguró el portavoz. Un caso similar salió a la luz hace varios meses en Córdoba, donde la única inmobiliaria autorizada por la Junta para gestionar las ayudas al alquiler reconoció haber cobrado tasas ilegales «por error».

La hipoteca joven, más accesible 

El Consistorio y Caja Rural de Granada firmaron ayer una prórroga del convenio de la hipoteca joven, que incorpora mejores condiciones. Entre ellas, destacan la ampliación de 35 a 40 años el plazo para pagar la hipoteca. También se amplía hasta los 200.000 euros el préstamo máximo (antes eran 180.000 euros), el tipo de interés se queda en el euríbor más 0,40 puntos (antes era más 0,50), la revisión sigue siendo anual y se añade, como contrapartida, un seguro obligatorio de protección de pagos. Se mantienen las otras condiciones.