La sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (Acuamed), que está siendo objeto de un operativo de la Guardia Civil para investigar presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos, participa en la Comunitat Valenciana en un total de 23 proyectos, en distintas fases de desarrollo, cuya inversión asciende a aproximadamente 1.213 millones de euros.

Según la información disponible en la web de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, y consultada por Europa Press, Acuamed interviene en diferentes actuaciones de carácter hídrico, algunas de ellas ya finalizadas y otras en fase de ejecución, estudio o licitación. De estas 23 actuaciones, 14 corresponden a la provincia de Valencia, por un importe de 721,6 millones de euros; 3 a Castellón (120,8 millones) y 6 a Alicante, por 371,1 millones.

La mayoría de estas obras se encuentran en fase de ejecución (11) y otras 4 están ya siendo explotadas. Una de estas últimas es la planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura en Torrevieja (Alicante), que contó con una inversión de 271,2 millones de euros, y que, según las fuentes consultadas por Europa Press, es una de las instalaciones registradas en el operativo.

El proyecto de mayor cuantía es el de la nueva conducción Júcar-Vinalopó en Valencia, ya finalizada y con un coste de 330,1 millones de euros. Le sigue la ya mencionada planta desaladora de Torrevieja y, en tercer lugar, la modernización del canal Júcar-Turia, en fase de estudio de alternativas, y que contempla un presupuesto de 86,5 millones de euros.

Dentro de la llamada 'Operación frontino' se están practicando registros en varias comunidades autónomas y se han realizada ya al menos una decena de detenciones. Entre las personas arrestadas figuran el director general de Acuamed y la directora de Ingeniería.

La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En ella se investiga la presunta concesión de contratos públicos de Acuamed, sociedad que depende del Ministerio de Agricultura, sin pasar los controles legales exigidos.