La Junta de Andalucía va a "continuar" los contactos con propietarios de monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en Jaén para abordar su apertura en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que exige que puedan visitarse de forma gratuita al menos cuatro días al mes, en jornadas y horas previamente señaladas.

Así lo ha indicado este martes la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar Salazar, a preguntas de los periodistas sobre su encuentro con responsables de colectivos sociales que piden que se respete la citada normativa, como la Plataforma 'Acción Conjunta por el Patrimonio' y la asociación 'Iniciativas, andamios para las ideas'.

La reunión ha tenido lugar después de que en noviembre trasladaran su petición a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, aprovechando su visita a la capital y después de, según dijeron, no obtener respuesta al escrito que registraron el 29 de julio en la Delegación con la firma de 500 ciudadanos respaldando esa solicitud. Entre otros, aludieron a la Catedral, la iglesia de Santo Domingo o casa palacio de Cobaleda Nicuesa.

"Queremos que este comienzo de año sea precisamente el que descubra a la ciudadanía de Jaén aquellos monumentos, edificios, no sólo BIC, sino catalogados por su propia singularidad y apreciar lo que tienen en su ciudad", ha comentado la delegada, para la que el camino es el diálogo.

En este sentido, ha afirmado que cuando llegó al cargo "se mandó una serie de cartas intentando incitar precisamente a esa obligación", punto en el que ha considerado que "se gana mucho más con la buena voluntad, apelando a ese buen juicio (de los propietarios), que por imposición legal".

"Si yo, en la rama de Turismo sí tengo inspección que puede hacer que visiten y en un momento dado sancionen, por Cultura no existe esa figura como tal. Entonces, aunque la ley haya que cumplirla, evidentemente tenemos que apelar a que muchos de los propietarios son particulares, muchos de los edificios tienen titularidad privada", ha comentado.

Por ello, tras esa "primera labor" de contacto realizada hace unos meses, se va a "continuar con ella" tratando también que "en todo momento la asociación sea partícipe", según ha dicho la delegada, quien ha destacado el trabajo de los colectivos sociales, que "son a veces" los que "ponen un poco el punto sobre la i a las administraciones".

Salazar, además, se ha detenido en uno de los bienes sobre los que la Junta sí tiene competencia y sobre los que la plataforma reclama, igualmente, el cumplimiento de la legislación, como la iglesia de Santo Domingo, que forma parte del recinto del antiguo convento del mismo nombre y que acoge el Archivo Histórico Provincial.

SEGURIDAD

"Con ellos lo que se acordó es que la Ley lo primero que tenemos que hacer nosotros era cumplirla, pero es cierto que para mí prima más la propia seguridad", ha comentado sobre este edificio a cuya rehabilitación, pendiente de concluir desde hace años, el Gobierno andaluz ha destinado una importante inversión.

Según ha dicho, lo que se está intentando en este caso es "hacer una visita guiada" para que la ciudadanía pudiera apreciar ese edificio, que "no se había abierto nunca hasta ahora", aunque "no como algo obligatorio de cuatro días al mes".

"Hasta que la propia Delegación no tenga claro que la seguridad prima sobre la visita, la intención nuestra era abrirlo, hacer una visita programada con un número limitado de personas, en fechas ya concretas en el tiempo. Y, a partir de ahí, si se puede abrir los cuatro días, vamos a hacer nosotros cumplir la ley, se pondrían. Que no, volveríamos a cerrar y seguiríamos con temas de obras", ha declarado.

Por otro lado, la delegada territorial se ha referido al centro de recepción de visitantes del yacimiento de Puente Tablas, también en la capital, y ha confiado en que pueda abrirse a lo largo de este mes, lo que supondría un año después de que las obras fueran terminadas.

"Sólo quedan unas pinceladas", ha manifestado con respecto a un recurso que forma parte del Viaje al Tiempo de los Íberos y sobre el que la propia consejera precisó que ese retraso respondía a cuestiones de índole administrativa, como la dotación de algunas plazas, y para contar "con todas las garantías" desde el punto de vista legal.