El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado este martes que el Gobierno andaluz "está instalado en la contradicción" después de manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de Participación Ciudadana de Andalucía presentada por el grupo parlamentario de IULV-CA.

Y es que, como ha recordado Maíllo en un audio difundido por IU, la Ley de Participación Ciudadana fue planteada por el Gobierno andaluz en la pasada legislatura y de la que IU está "profundamente satisfecha" puesto que supone "una profundización en la democracia y un avance progresista y de izquierdas a una participación activa que no sea sólo dar opinión, sino también intervenir en asuntos públicos".

De esta manera, ha dicho no entender por qué la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el PSOE-A, "con esa alianza reaccionaria con Ciudadanos (C's), rechaza esta ley que, como la de la banca pública, es de las más audaces de la anterior legislatura, y sobre la que ellos mismos tenían un compromiso de cumplimiento".

Así, Maíllo advierte que la Junta de Andalucía está instalada en la "contradicción", al tiempo que critica que con esta actitud, "paraliza leyes y ralentiza el desarrollo normativo que necesita Andalucía".

Con todo, ha dicho confiar en que C's "no ponga pegas esta ley, como sí hizo a la creación de una banca pública", y que la Ley de Participación Ciudadana tenga, cuando toque el debate parlamentario, "un apoyo mayoritario en la Cámara".

Y es que así, ha agregado, "miles de personas y asociaciones preocupados por la participación en las labores de gobernanza verían su trabajo recompensado, y porque Andalucía, como establece el Estatuto de Autonomía, es una tierra que reivindica una participación activa y de intervención directa en los asuntos de gobierno".

Por su parte, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, tras informar del criterio contrario, ha manifestado que el contenido de esta proposición de ley coincide con el anteproyecto de ley que ya está elaborando el Ejecutivo y cuyos trámites se iniciaron en julio de 2014. No obstante, señala que este texto debe ahora adaptarse a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en aquellos preceptos del título IV referidos a consultas generales.

Según ha explicado Vázquez, en su sentencia del 25 de febrero de 2015, que estima parcialmente un recurso contra una ley similar aprobada por el Parlamento de Cataluña, el Alto Tribunal considera que, independientemente de la denominación utilizada, una "consulta participativa" podría identificarse como un referéndum, ya que se produce una llamada al voto de la ciudadanía mediante el uso de una administración y de un procedimiento sustancialmente electoral.

Al margen de esta revisión concreta, el Gobierno andaluz subraya su coincidencia con el grupo de IULV-CA en la necesidad de regular y desarrollar la ley que permitirá a los ciudadanos andaluces mejorar y ampliar su participación en los asuntos públicos y en la toma de las decisiones que les afectan.