La comisión constituida en las Cortes de Castilla y León para indagar la supuesta trama urdida para el cobro de comisiones por agilizar la instalación de parques eólicos en la Comunidad, en virtud de la cual distintas personas y sociedades habrían cobrado más de 110 millones de las eléctricas, ha acordado hoy dirigirse por escrito a la Agencia Tributaria con el fin de exigir a ésta que entregue el informe que ha dado lugar a dicha investigación y que se niega a remitir alegando el carácter secreto de su contenido.

Así lo han acordado todos los grupos representados en la comisión durante la breve reunión, de escasa media hora celebrada en las Cortes, y que de forma unánime han encargado a los Servicios Jurídicos de la Cámara que dirijan un escrito a la AEAT con las pertinentes alegaciones con el propósito de obtener el polémico informe, que todos definen como "piedra angular" de la investigación, al entender que "no se vulnera con ello el carácter secreto de su contenido, dada también la idéntica condición reservada de este grupo", así como la remisión de otra solicitud al Ministerio Fiscal recabando una copia, invocando el interés legítimo del Parlamento autonómico", tal y como ha explicado el 'popular' Raúl de la Hoz.

El parlamentario, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegura "respetar" pero no "compartir" la excusa dada por el director general de la Agencia Tributaria para no poner el informe en manos de la comisión, según el cual no es posible atender la solicitud de los grupos políticos ya que el mismo está en poder del Ministerio Fiscal y éste tiene abiertas unas diligencias informativas al respecto, de ahí la voluntad de De la Hoz de persistir en su solicitud. "Pelearemos por tener conocimiento de ese informe", ha insistido.

Que comparezca de la lastra

Mucho más críticos se han mostrado los grupos de la oposición, que han utilizado calificativos como "inconcebible", "un escándalo" y "un atentado a la democracia" el intento de tapar el escándalo de las eólicas, algo de lo que han responsabilizado a la Agencia Tributaria, y dentro de ella la "comisaria política" Georgina de la Lastra, hoy delegada Especial de la AEAT en Castilla y León y antaño número 2 de Tomás Villanueva en la Consejería de Economía y Empleo, y al propio Partido Popular, tanto regional como nacional.

"El PP de Castilla y León no se pone de acuerdo con el de Rajoy en la convocatoria de oposiciones en enfermería ni en minería pero sí para tapar la corrupción", ha criticado el socialista Javier Izquierdo, quien insiste en que el informe que ha sido denegado a la comisión "constata prácticas muy perversas en la adjudicación de parques eólicos" y, sin embargo, se deniega su contenido para entorpecer claramente el trabajo de la comisión.

Ante ello, Izquierdo ha anunciado su propósito de registrar mañana mismo la petición de que comparezcan la aludida Georgina de la Lastra, centro de las críticas de todos los grupos de la oposición, así como del inspector que elaboró el informe que la Agencia Tributaria rechaza compartir con la comisión y que sí obra en poder también de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero además, el socialista ha aprovechado para censurar que la comisión sigue aún sin material para trabajar, ya que la Junta sigue sin poner en sus manos los expedientes solicitados hace más de veinte días, con lo que ha insistido en la necesidad de contar ya con la documentación requerida, de forma inmediata todos aquellos expedientes que el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, remitió a la Fiscalía Anticorrupción cuando saltó a los medios de comunicación el supuesto escándalo del cobro de comisiones por parte de cargos y técnicos de la Junta por agilizar la autorización de parques eólicos.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado su incredulidad ante el hecho de que un informe que obra ya en poder de la prensa se deniegue a las Cortes, "la casa donde reside la soberanía de los ciudadanos de Castilla y León", algo que ha calificado como "el mayor escándalo en la historia de la democracia en este país" y que contrasta con el criterio contrario a la hora de facilitar este tipo de información al Congreso de los Diputados.

Fernández, al igual que Izquierdo, José Ignacio Delgado y Mariano Santos, estos últimos portavoces de C's y la UPL, respectivamente, coinciden en la necesidad de que, sin más demora, comparezcan ya De la Lastra y el inspector que elaboró el informe objeto de polémica y de que la Junta aporte toda la documentación requerida para "empezar a trabajar ya de verdad, en lugar de permanecer de brazos cruzados desde hace un mes", tal y como ha criticado el procurador de Podemos, quien añade que se trata de una cuestión de "voluntad política del PP y de injerencia política de la Agencia Tributaria".

Y es que la oposición comparte la idea de que si el PP ha consentido constituir la presente comisión es para no investigar nada, aplicando así el refrán de "crea una comisión para no descubrir nada", ha censurado José Ignacio Delgado, quien entiende que este modo actuar atenta contra el acuerdo de investidura suscrito con Herrera, cimentado en la transparencia, y retrotrae al Partido Popular "más derechista".