La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha archivado la querella que interpuso Esquerra Unida contra cinco exmiembros del Gobierno valenciano del PP —la entonces portavoz del Consell y consellera de Educación, María José Català, el exvicepresidente del Consell y exconseller de Agricultura, José Císcar y los exconsellers Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano— por denegación de documentación.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia remitió al tribunal valenciano esta querella contra cuatro representantes del PP que en aquel momento integraban el Consell, además de Serafín Castellano, quien ya era delegado del Gobierno, por considerar vulnerados derechos civiles ciudadanos fundamentales al denegar o dilatar la entrega de documentación a la formación sobre distintos contratos y actuaciones.

Sin embargo, el TSJCV —que acepta la competencia sobre la causa al tratarse de aforados por su condición de miembros del Consell o diputados de las Corts Valencianes— concluye que "no se impidió el derecho de los diputados querellantes a acceder a la documentación" y que tuvieron "varias posibilidades alternativas" para acceder a la misma.

En concreto, argumenta que "no concurre el elemento del tipo penal del artículo 542 del Código Penal", que requiere un dolo especial y directo.

"Se ha de concluir pues —señala el auto— que los hechos a que se contrae la querella formulada y, en particular, los referidos a dos de los querellados —en referencia a María José Català y José Císcar— no son constitutivos del delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del vigente Código Penal, pues los mismos no integran los elementos del tipo penal, en especial el impedimento efectivo de tal ejercicio".

Añade que "las discrepancias de la administración de la Generalitat, encarnada en los miembros del Consell querellados y los querellantes al tiempo de los hechos en punto a la procedencia o no de la entrega de la documentación solicitada, se han resuelto en la vía jurisdiccional contencioso administrativa elegida por los querellantes, que han obtenido el reconocimiento jurisdiccional de su derecho a obtener los documentos solicitados".

Por lo tanto, la Sala decide desestimar la querella contra los cinco exconsellers y, consecuentemente, declarar el archivo de las actuaciones.

Expedientes solicitados

La documentación que solicitaba Esquerra Unida se refería, en el caso de María José Català, a temas como el 'Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de centros escolares del País Valenciano' y el listado de centros incluidos en este plan; el 'Informe de inspección técnica del CEIP Hispanitat de Santa Pola'; la aprobación del gasto de contrato menor con la empresa DV-Cuatro SL y la factura correspondiente', entre otros.

En cuanto a José Císcar, la documentación estaba relacionada con seis estudios de opinión trimestrales encargados por el Gobierno valenciano y que son elaborados por empresas externas; el contrato con una de ellas y también el 'contrato laboral o de alta dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y el que fuera su director general Ernesto Moreno.