El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado no comprende qué interés general hay en la impugnación de la convocatoria de 554 plazas de enfermería, una decisión "poco inteligente" que a su juicio ha tomado la Administración General del Estado (AGE).

Sáez Aguado se ha expresado así en una comparecencia ante los medios de comunicación tras conocer un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en el que anula cautelarmente las oposiciones que se iban a celebrar el próximo 22 de noviembre en Valladolid y León, en las que más de 20.000 personas de la Comunidad y fuera de ella pretendían optar a una de las 554 plazas convocadas.

El proceso se ha seguido a instancia de la AGE, que solicitó la suspensión alegando la inexistencia de oferta de empleo público válida, pues la última fue en el año 2011, cuando su plazo de validez conforme a la legislación vigente era de tres años, lo que ha motivado la suspensión cautelar, y también argumentaba que la superación de los límites de déficit público máximo posible conforme a la Ley Orgánica 2/2012.

El titular de Sanidad ha expresado su respeto a la decisión de paralizar el proceso del Alto Tribunal castellanoleonés, aunque no esté de acuerdo y ha explicado que hay pronunciamientos de otros tribunales superiores en sentido contrario, como en el caso de Andalucía o Asturias, donde se interpreta de manera diferente el artículo 70 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece en tres años el plazo máximo para convocar las plazas correspondientes a la oferta pública de empleo.

El consejero ha explicado que con la interpretación que hace la Administración General del Estado no hubieran podido convocar ni una plaza de enfermería y el ánimo de la Consejería era conseguir el mayor número de plazas, aumentar la estabilidad y reducir la temporalidad entre estos profesionales, ya que las 554 plazas se corresponden por puesto ocupados por interinos, por lo que además no habría impacto en el gasto público, como argumenta la AGE en su impugnación.

Así, el consejero se ha preguntado qué beneficio hay para el interés público en la impugnación, ya que así no se permite consolidar empleo y dar estabilidad a los profesionales. "Es algo poco inteligente", ha señalado Sáez Aguado, quien ha añadido que no comprende la decisión porque no ve interés general.

Desde el punto de vista particular, considera que se causa perjuicios a las miles de personas que hacían un esfuerzo al iniciar la preparación de las oposiciones. "No vemos que interés se ha pretendido salvaguardar, ni público ni particular", ha insistido.

A este respecto, Antonio María Sáez Aguado ha pedido disculpas a los opositores porque entiende su enfado, pero ha aclarado que la suspensión responde a la impugnación presentada por la AGE y la decisión cautelar del TSJCyL.

Los servicios jurídicos han conocido este jueves la decisión, por lo que estudiarán la cuestión, ya que el Tribunal no ha entrado en el fondo del asunto, que se verá más adelante, de manera que si se anulara la convocatoria, no se podría convocar plaza alguna.

Conocido por los sindicatos

Antonio María Sáez Aguado ha aclarado que se informó a los sindicatos en las dos últimas mesas sectoriales de la impugnación presentada por el Estado y eran partidarios de continuar adelante con la convocatoria al partirse de la interpretación de otros tribunales superiores de Justicia de otras comunidades.

Además, ha aclarado que en la Función Pública siempre hay riesgo de un posible recurso y ha incidido en que es uno de los asuntos que mayor litigiosidad tienen, con muchos recursos a normas, disposiciones y decisiones, pero tras analizar la cuestión jurídicamente e interpretar lo ocurrido en otras comunidades se decidió sacar adelante la convocatoria.

"En esta vida el que no se arriesga no avanza", ha señalado el consejero, quien a pesar del riesgo ha insistido en que se tenían los antecedentes de pronunciamientos judiciales que avalaban su posición.

En este sentido, ha recordado que también la normativa establece que el máximo de interinidad es de dos años y mucho personal lleva mucho más tiempo temporal.

Se da la circunstancia de que la Consejería estaba a punto de sacar adelante la convocatoria de otras 311 plazas de médicos, algo que se analizará en la mesa correspondiente con los sindicatos el próximo viernes, 20 de noviembre, para ver qué decisión se toma al respecto.