La Mesa de la Profesión Enfermera ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al consejero de Salud, Aquilino Alonso, que se recurra el Real Decreto de prescripción enfermera aprobado por el Gobierno central una vez que éste sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), toda vez que exige al titular de Salud un pronunciamiento en defensa de la prescripción enfermera.

Según un comunicado, representantes provinciales y autonómicos de la Mesa de la Profesión enfermera han explicado en rueda de prensa que tras la aprobación del Real Decreto, que "perjudicará" al Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA) y su normativa sobre prescripción enfermera vigente desde 2009, los más de 38.000 profesionales de Andalucía no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico, caso, por ejemplo, de las vacunas, lo que conllevará una "peor" atención a los andaluces, con "incrementos de las esperas y las gestiones".

Así, la Mesa de la Profesión Enfermera señala que el Ministerio de Sanidad "ha traicionado y engañado" a la profesión al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que "deteriora" la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos.

Los representantes enfermeros han indicado que, una vez se publique en el BOE el Real Decreto, el Gobierno del PP pasará "la patata caliente" a las comunidades autónomas y será el consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, al que le corresponda asumir una situación creada por la Administración central.

Además, recuerdan que se da la circunstancia de que el texto inicial acordado con la profesión fue ratificado también por Andalucía, a través de su consejero de Salud, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de marzo. Por ello, desde la Mesa de la Profesión se ha solicitado también una reunión con Alonso de cara a recabar su apoyo en su demanda de cambio del decreto.

Situación en andalucía

De hecho, los representantes de la Mesa de la Profesión han alertado de la situación especial que se producirá en Andalucía cuando se publique el nuevo Real Decreto. Según recuerdan, Andalucía fue pionera en legislar sobre la actuación de los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica, con la publicación del Decreto 307/2009, de 21 de julio, por el que se define la actuación de los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del SSPA.

Así, señalan que en el SSPA son más de 7.600 las enfermeras que ya venían prescribiendo medicamentos y productos sanitarios de forma autónoma, gestionando órdenes por valor de 80 millones de euros durante 2014. Además, son ya más de 2.600 los profesionales formados y acreditados para desarrollar la denominada prescripción colaborativa.

De este modo, los enfermeros señalan que todos estos avances para la profesión y para los usuarios "quedan ahora anulados" por el carácter de normativa básica del decreto estatal. Entre otras cuestiones, añade que el decreto "pone en cuestión" los protocolos establecidos o autorizados por la Consejería de Salud sobre esta materia y que "tendrá que aclarar la propia Junta de Andalucía en aras de preservar el sistema vigente en la comunidad".

Repercusiones ciudadanas

En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, los representantes de la enfermería han destacado que la norma afectará a todos los ámbitos donde los enfermeros desarrollan su trabajo: hospitales, centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de salud laboral, etcétera.

Así han apuntado que los profesionales vienen usando e indicando medicamentos de prescripción médica siguiendo protocolos pactados con la profesión médica o publicados por las autoridades sanitarias. Se trata de una actuación más de su asistencia enfermera que en el ámbito del fármaco "son vitales para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones y la atención en su conjunto, aspectos que inciden directamente en la optimización y coordinación de los recursos disponibles y en la seguridad del paciente, funciones que impide el nuevo Real Decreto".

Algunos ejemplos, según han indicado los representantes enfermeros, se encuentran cuando las enfermeras administran una vacuna; cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma; cuando utilizan productos de uso tópico (algunos de ellos considerados medicamentos sujetos a prescripción médica) para curar heridas, quemaduras o ulceras por presión, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas.

Asimismo, apuntan que en todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente (empresas, escuelas, residencias de mayores, ambulancias, etcétera) la enfermera tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica individualizada antes de actuar en innumerables situaciones, con el consiguiente perjuicio para sus pacientes.

Los representantes enfermeros han reiterado que, una vez entre en vigor el Real Decreto, los profesionales de enfermería "tendrán que modificar su forma de actuar si no quieren ir contra la ley y su propio Código Deontológico, porque, de lo contrario, supondría asumir una responsabilidad que no le corresponde (intrusismo profesional). Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil".

Ante esta situación, desde la Mesa de la Profesión se ha instado a los profesionales a que realicen la denominada "huelga competencial", es decir, que no realicen ninguna actuación relativa a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el Real Decreto aprobado.

"Esta situación absolutamente lamentable, por el perjuicio que supondrá para los pacientes, ha sido provocada por el PP", aseguran, por lo que piden a Aquilino Alonso que dicte las instrucciones precisas para que los órganos directivos de los centros e instituciones sanitarias del SSPA "respeten" el quehacer diario de todos los enfermeros que a partir de ahora "se verán obligados a actuar conforme a lo previsto en el Real Decreto y no les obliguen a realizar cualquier acción que les lleve a una inseguridad jurídica".

Asimismo, indican que ya que la Junta de Andalucía deberá adecuar el régimen establecido en el Decreto andaluz de 2009 a este Real Decreto, se exigirá a la Consejería de Salud un pronunciamiento sobre la realización de las actividades reguladas hasta la fecha por el Decreto autonómico, así como una defensa de la prescripción enfermera tal y como ya han hecho desde otros servicios de salud autonómicos, como el del País Vasco o la consejera de Baleares.

Acciones previstas

Entre otras acciones previstas por los enfermeros, los ponentes han destacado el desarrollo de una campaña de información y sensibilización social en todo el Estado, para que los ciudadanos conozcan que la decisión adoptada por el Gobierno del PP "supondrá más tiempos de espera, más consultas y más gestiones. En definitiva, una peor atención de la que no será responsable, en modo alguno, el profesional enfermero".

Asimismo, informan de que se celebrarán jornadas de responsabilidad civil en todos los centros sanitarios para que los profesionales conozcan las consecuencias del Real Decreto en lo que respecta a su seguridad jurídica y actuación profesional. De igual manera, los enfermeros contarán con todo tipo de información y asesoramiento en las sedes provinciales de Satse y en los Colegios de Enfermería.