Gracias a una revisión del Código Penal, las mujeres embarazadas ya no podrán ser condenadas a muerte en Tailandia. Así lo ha aprobado el Parlamento del país asiático, que ha establecido como pena máxima para las gestantes la cadena perpetua.
Otra novedad es la obligación de las instituciones penitenciarias de contar con las instalaciones necesarias para que las madres condenadas puedan cuidar a sus hijos, al menos durante los primeros tres años de vida del menor.
Las provisiones enmendadas del Código Penal establecían que una mujer embarazada podía ser condenada a morir, pero debía pasar al menos un año en el corredor de la muerte antes de que se cumpliera la ejecución.
En octubre de 2003 se sustituyó el tradicional pelotón de fusilamiento por la inyección letal, método que se estrenó en diciembre de ese año con cuatro convictos, tres de ellos condenados por trafico de drogas y el cuarto por asesinato.
La pena de muerte es obligatoria en Tailandia para el asesinato premeditado, el homicidio de un funcionario durante el desempeño de su cargo, el regicidio y la producción e importación de heroína.
Y es optativa en robo, violación, secuestro, incendio provocado y colocación de bombas, insurrección, traición y espionaje, posesión de más de cien gramos de heroína o de anfetaminas y secuestro de un avión.
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