El ministro de Interior alemán quiere tratar a los sospechosos terroristas como 'combatientes enemigos'

  • Wolfgang Schäuble quiere endurecer las medidas contra el terrorismo.
  • Sus propuestas desatan las críticas en el seno de su gobierno.
  • Desde la oposición le acusan de pretender 'guantamenizar' la lucha antiterrorista en Alemania.

El ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, ha propuesto un paquete de medidas selectivas para luchar contra el terrorismo que han desatado la polémica en el seno de la coalición gubernamental y en la sociedad alemana.

La polémica se centra en la propuesta de Schäuble de crear un delito de conspiración contra Alemania para que los sospechosos de terrorismo puedan ser tratados como 'combatientes', tal y como ya hace Estados Unidos. Las medidas serían extensibles a partidarios y simpatizantes de los terroristas.

Además, esta medida permitiría filtrar y en su caso anular las conexiones telefónicas y por Internet de los sospechosos de terrorismo.

'Guantamenización'

El co-gubernamental Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) instó hoy a la canciller Angela Merkel a pronunciarse sobre los propósitos del ministro del Interior.

Los planes de Schäuble en materia de seguridad "no son acordes con la realidad política" y reflejan unas "consideraciones de su partido" (la Unión Cristianodemócrata, CDU), no ampliables al gobierno, dijo hoy el secretario general del SPD, Hubertus Heil.

Sería como 'guantanamenizar' la política interior alemana

El SPD espera "un claro pronunciamiento" de Merkel a este respecto, prosiguió el representante del socio de gobierno en la gran coalición de la canciller.

Las críticas al ministro del Interior se han extendido por la oposición y el presidente del Partido Liberal, Guido Westerwelle, ha advertido que tales medidas serían inconstitucionales.

"Sería como 'guantanamenizar' la política interior alemana y algo así nunca obtendrá la mayoría del Bundestag (Parlamento federal)", apuntó Westerwelle.

Pero las propuestas del responsable de Interior también han recibido el apoyo de varios miembros del Gobierno, que argumentan que son medidas que ya se aplican en otros países europeos.

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