La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha trasladado su preocupación a la delegadada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ante la apertura en los últimos días de expedientes disciplinarios por falta grave a doce de sus representantes en la provincia de Valladolid.

A través de un escrito, el secretario de la AUGC ha solicitado a Salgueiro que, ante un "uso de la potestad disciplinaria que no se ajusta a la legalidad y que está afectando a representantes asociativos de AUGC", posibilite el ejercicio del derecho de asociación profesional en un clima de "dignidad, plenitud y entendimiento".

La asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que la delegada del Gobierno es la máxima autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad y que por ello debe conocer que la situación descrita "causa enorme inseguridad y preocupación entre nuestros afiliados, que ven en la misma una vulneración directa de los derechos fundamentales de sus legítimos representantes y, por ende, de sus aspiraciones de conseguir una Guardia Civil con mayores derechos y mejores condiciones laborales, económicas y sociales y con un mayor grado de eficacia al servicio de los ciudadanos".

De forma simúltanea, representantes de AUGC en Valladolid están remitidno en estos días escritos al director general de la Guardia Civil para dejar constancia de su apoyo a las actuaciones llevadas a cabo por los representantes nacionales de la asociación y que se han traducido en la incoación de expedientes.

De hecho, en tan solo unos días la asociación sostiene que la Dirección General ha ordenado la incoación de doce expedientes a representantes de AUGC "simplemente por serlo, por ejercer de representantes y escenificar el malestar de los guardias civiles ante la aplicación de nuevo a los mismos del Código Penal Militar (hecho que ya ha provocado el ingreso en prisión de guardias civiles por una simple discusión con un superior) y ante la involución de derechos tan fundamentales como el de reunión y manifestación".

"ola de represión"

Para la AUGC, "esta ola de represión es la culminación del empeño del Gobierno del PP en la remilitarización de la Guardia Civil, con aplicación de toda la restrictiva normativa militar a sus miembros".

Así, ante esta situación la AUGC asegura ha cundido el desconcierto y la inseguridad jurídica entre todos sus representantes en España, "que ponen de manifiesto en estas cartas su desacuerdo y su miedo a que esta caza de brujas sin justificación haga que su labor como representantes de los guardias civiles sea no difícil y arriesgada, que siempre lo ha sido, sino todo un acto de heroicidad ante las posibles consecuencias que su legítimo ejercicio puede acarrearles a ellos y sus familias".

Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino.

Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).