La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se congratula de que 12 familias de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que vivían de manera irregular en unas viviendas —antes propiedad de una entidad financiera y que ahora estaba en manos de la Sareb— puedan ser receptoras de ayudas sociales después de que el Ayuntamiento haya procedido a empadronarlas.

En una nota, Defensor del Pueblo Andaluz destaca que el empadronamiento de estas personas se produce tras el encuentro mantenido entre personal del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Corporación municipal tras conocer que iba a procederse al desalojo de estas familias.

El pasado 19 de junio, la Adjunta del Defensor del Pueblo, acompañada de técnicos del Defensor, mantuvieron una reunión con el alcalde, Víctor Mora (PSOE), y los responsables municipales de urbanismo de la localidad para tratar la situación de las familias afectadas. Con posterioridad, se reunieron con los afectados, sus letrados y concejales de la oposición.

En ambos encuentros abordaron la situación de las familias afectadas, con hijos menores a su cargo, que se verían en la calle y sin alternativa de alojamiento de materializarse dicho desalojo, que de forma voluntaria debería realizarse en la semana siguiente a la reunión.

La Oficina del Defensor apuntó entonces la necesidad de que por parte del Ayuntamiento se procediera a censar a los afectados en los domicilios que ocupan, así como se realizasen los informes sociales de las familias y que éstos se les hiciera llegar al Juzgado que está interviniendo en este procedimiento, en aras de proteger a los menores.

Desde el Ayuntamiento se estaban realizando gestiones con el banco que era antiguo propietario de las viviendas, que en la actualidad pertenecen a La Sareb, para que procediera a retirar las denuncias e iniciar negociaciones para un alquiler social con las familias afectadas.

Fruto de esta reunión ha sido el censo de las 12 familias y la retirada de la denuncia ante el Juzgado por parte del Banco. Ademas, se han nombrado a representantes para la negociación por parte de los afectados y de la Sareb.