Los sindicatos Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), Sindicato Médico (SM) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía) han presentado un recurso, como integrantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el plan de ajuste de la Junta de Andalucía, sobre el que piden su suspensión cautelar mientras el recurso se resuelve.

Según dicho recurso, al que tuvo acceso Europa Press, estos tres sindicatos integrados en la Faspi han presentado recurso contra los actos de aplicación y efectos del decreto ley 1/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía.

Consideran que la aplicación de este plan de ajuste "conlleva situaciones no ajustadas a derecho que conculcan gravemente derechos fundamentales". De esta forma, estos sindicatos han presentado el recurso por la vía de procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

En ese sentido, indica que se conculcarían los artículos de la Constitución Española relativos al derecho a la negociación colectiva o el que alude a la libertad sindical, así como una serie de artículos del Estatuto del Empleado Público, que hacen referencia a la libertad sindical, negociación colectiva, ejercicio de la huelga, planteamiento de conflictos colectivos, o al derecho de reunión.

Tras reconocer que la impugnación directa del decreto ley "queda reservada" a ciertos colectivos, sí ha recordado que los ciudadanos y demás entes podrían reaccionar contra los actos de aplicación de la norma "e indirectamente poner en cuestión su validez".

Los sindicatos consideran que la aprobación de este decreto ley "causa indefensión a todos los funcionarios públicos, así como al interés general de los ciudadanos, pues afecta a la Administración pública de Andalucía, provocando daños y perjuicios de difícil reparación".

Asimismo, tras recordar que las medidas que contempla dicho decreto ley "afectan a la retribución salarial y otros ámbitos como la jornada laboral, vacaciones, que se suman a las ya adoptadas", de forma que apunta que "todas ellas suponen un grave atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios, que parecen ser el sector 'señalado' de forma repetitiva para hacer frente a las sucesivas medidas anticrisis adoptadas, y en pura lógica deberían hacer sido al menos negociadas con los representantes de los trabajadores".

En el recurso, la Faspi alude a su papel tras las elecciones sindicales celebradas en la Junta durante los años 2010 y 2011 y donde consiguió "un respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo los requisitos de representación que la legislación exige para formar parte de la Mesa General de la Función Pública de la Junta de Andalucía".

La Faspi considera que al excluirlo la Junta de la negociación, "se lesionan 'per se' los derechos adquiridos de los servidores públicos" y lamenta que la norma "ha prescindido de los procedimientos de participación de los interesados y personal afectado y de organizaciones sindicales de los procedimientos de valoración".

"La Junta se desliga unilateralmente de los procedimientos legales vigentes y legítimos para la fijación, modificación o alteración de las condiciones de trabajo establecidas para los servidores públicos que trabajan para ella, por lo que existe imposibilidad de garantizar la eficacia, la eficiencia, la transparencia en la gestión de los fondos públicos", han agregado los sindicatos, quienes lamentan que la Junta "tome una decisión política que deja sin contenido el derecho de libertad sindical e indirectamente el de negociación colectiva".

Asimismo, apunta que "se da una situación discriminatoria de los funcionarios respecto al personal ajeno o externo de la Administración autonómica, que forma parte del 'tupido enjambre' de empresas instrumentales, por lo que los funcionarios se ven postergados y atacados de forma continua".

La Faspi, que alude a la "absoluta indefensión" de esos colectivos ante la "sistemática desmantelamiento jurídico del instrumento legal del decreto ley", cree que "se lesionan a nivel individual como colectivos a todos los profesionales al servicios de las administraciones públicas que ostentan la condición de servidores públicos, lo que causa una desvalorización pública y profesional de los servicios públicos, a nivel individual y colectivo".

"Una cosa es que haya que reducir el excesivo déficit público y que sea necesaria una racionalización del sector público, actualmente sobredimensionado, pero otra muy distinta es que por criterios políticos se lesionen los derechos fundamentales de los servidores públicos como medida para combatir el déficit existente, en detrimento de los legítimos derechos económicos y profesionales de esos servidores", han aseverado los tres sindicatos en dicho recurso.