Fiscalía insiste en condenar a prisión a los 16 activistas que entraron a Cofrentes por actuación "violenta"

Las defensas destacan que no hubo alteración de la paz pública y que los activistas se manifestaron "en defensa del medio ambiente"
Activistas de Greenpeace en el banquillo de acusados
Activistas de Greenpeace en el banquillo de acusados
EUROPA PRESS
Activistas de Greenpeace en el banquillo de acusados

La Fiscalía de Valencia insiste en que se condene a pena de prisión a los 16 activistas de Greenpeace que entraron en 2011 a la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para realizar una protesta contra la energía nuclear por su actuación "violenta": "Ellos sabían que iba a haber enfrentamientos y asumieron que podía producirse alguna lesión". Por su parte, las defensas piden que se confirme la sentencia de instancia, que les impone únicamente una multa a los acusados, al sostener que no hubo alteración de la paz pública y que los activistas se manifestaron "en defensa del medio ambiente".

Así se han pronunciado las partes en una vista celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Valencia para exponer los recursos presentados por las acusaciones —ministerio fiscal, Iberdrola y letrado de vigilantes lesionados en la central— contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 11 de Valencia, que multaba con 1.080 euros a cada uno de los 16 activistas por daños y se absolvía al fotoperiodista —también acusado— Pedro Armestre.

A la vista pública también han tenido que asistir los 17 acusados —16 activistas y el fotoperiodista—, lo que ha provocado la protesta de las defensas. El presidente del tribunal ha justificado esta medida en que si se produce agravación de la condena, es "preciso" su asistencia para ser oídos y para que expliquen, si quieren, sus razones por las que no deben ser condenados.

Sin embargo, cuando se les ha dado la última palabra, tan solo ha querido hablar el fotoperiodista, quien ha advertido de que él no es "parte" de esta situación: "Soy una persona que pasa de puntillas y a veces se lleva alguna pedrada, como ésta, pero no tengo nada que ver con este asunto", ha reiterado.

Ha explicado que ese día acudió a Cofrentes y realizó una cobertura gráfica de la manifestación, hasta que en un momento determinado, un agente de la Guardia Civil le dijo que se sentara, que estaba detenido. "Pero yo sé que no hice nada. Bueno, sí que hice, mi trabajo", ha sostenido. "Para mí son cuatro años desde que empezó esta situación —ha agregado— en los que me he ganado el agravio y me han retirado algunas coberturas al estar marcado", ha lamentado.

Por su parte, las tesis mantenidas por las acusaciones en sus recursos han sido muy similares. La fiscal, quien reclama una pena de tres años y cuatro meses para los activistas por un delito de desobediencia y dos delitos de lesiones, ha reiterado que hubo "una serie de lesiones y faltas corroboradas por informes forenses", desórdenes públicos y daños.

Ha indicado que los activistas, cuando se introdujeron en Cofrentes, "iban con radiales para cortar las vallas y hacer pintadas. Ellos sabían que iba a haber enfrentamiento y asumían que podía producirse alguna lesión", ha apostillado. A su entender, los acusados "iban a hacer una actuación violenta, sabiendo a lo que iban y asumiendo que podían haber lesiones, por lo que deben seguir siendo imputados por las lesiones a los vigilantes", así como por desórdenes, ha manifestado.

Error de prueba

Por su parte, el letrado de Ibedrola —propietaria de la instalación— se ha sumado a los argumentos del ministerio público y ha agregado que los desórdenes públicos se cometieron "de manera muy clara", y estima que hay un error en la valoración de la prueba.

Sobre este último punto, ha señalado que no pretenden que se vuelva a celebrar el juicio para valorar la prueba, pero entiende que "hay un proceso absolutamente incongruente ante hechos probados y la convicción de la jueza de que no se han cometido". Así, ha apuntado que de los hechos probados por el juez "quedó patente la comisión de desórdenes", sin embargo esta instancia judicial añade que la única finalidad que perseguían los actores era manifestarse contra la energía nuclear y dar publicidad.

Estima que estas afirmaciones son "incongruentes", con lo que solicita la nulidad de la sentencia para que los juzgadores "hagan con los hechos probados un nuevo proceso congruente que se ajuste a la lógica", ha apostillado. Subraya que existió por parte de los activistas ánimo de alterar la paz pública.

"Entraron —en la central— y estuvieron unas 10 horas en la instalación, y vieron varias cosas, como la alerta de emergencia, entre otras. Sabían que la actividad normal de la central se había visto alterada, con lo que hay un desorden".

Por su parte, el letrado de los vigilantes lesionados ha expuesto que las personas que accedieron libre y voluntariamente a la central "no tuvieron una actitud pacífica": "Hubo cinco personas que en el ejercicio de su función resultaron lesionadas", ha apostillado, y ha recordado que en una de las grabaciones se observa cómo los acusados arrasan a los vigilantes que se ponen delante para evitar que lleguen a la torre: "Hay informes médicos, hechos probados y grabaciones. Y, sin embargo, se les absuelve por su actitud pacífica. Se trata de un dolo compartido".

"obsoleta y peligrosa"

Frente a estas acusaciones, las defensas han sostenido que ante una central "obsoleta y peligrosa", cuya licencia de actividad se prolongó, "había que ponerlo de manifiesto". "Es una instalación crítica, y lo que hicieron los manifestantes es protestar contra esta central", ha apostillado.

Otro de los letrados ha insistido en la "inactividad" y "pasividad probatoria" por parte de las acusaciones a lo largo de la instrucción —durante casi cuatro años— y durante el juicio, y ha aludido a que solo se aportaron siete minutos de grabaciones, "sin lesiones"; y no se presentó un plan de emergencias de la central o informe del Consejo de Seguridad Nuclear de España. Tampoco hubo una rueda de reconocimiento de nadie, ha apostillado. "Lo que quieren las acusaciones es que se revisen o reinterpreten los hechos probados, y estos no pueden ser cambiados por mucho que digan", ha aseverado.

Por último, ha insistido en que por parte de los activistas no hubo ánimo de alteración de la paz pública, sino "poner de manifiesto la falta de seguridad de la central nuclear y defender el medio ambiente de todos". "Son pacifistas y ecologistas. ¿Puede ser la finalidad de Greenpeace violenta, como se ha dicho?", ha preguntado.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento