La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en relación con el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre 1.298 millones de euros de ayudas sin justificación en ayudas a la formación en el período 2002 a 2014, ha indicado que dicho informe de la UCO "comete diversos errores técnicos en el manejo de la información contable que le facilitó la Junta de Andalucía, que le llevan a confundir entre pagos pendientes de justificar y pagos para los que ya haya pasado el plazo de justificación".

En una nota, la Junta precisa que "la metodología que emplea el informe no es correcta", toda vez que "el propio informe dice que ha calculado los pagos y las justificaciones, ha sumado el total de pagos y le resta el total de justificaciones, y de ahí concluye que el resto no se ha justificado".

Ha explicado que "cuando se hace un pago se hace constar una fecha para la justificación, y sólo cuando esa fecha llega y no se ha justificado es cuando se considera un libramiento pendiente de justificar fuera de plazo".

Ha explicado que el dato de libramientos pendientes de justificación fuera de plazo "lo proporciona el propio sistema contable Jupiter, por lo que la Guardia Civil no necesitaba hacer ningún cálculo para obtenerlo".

La Junta ha indicado que "al haber intentado hacer el cálculo sin consultar el sistema se han cometido, al menos, una serie de errores, pues en un listado que se da en julio de 2014 los pagos del propio año 2014 es normal que no estén justificados, porque estarán en plazo de ejecución, de manera que no es lo mismo que no esté justificado y haya pasado el plazo, que haber hecho un pago y que aun no haya pasado el plazo para justificar".

Ha agregado que "se han contabilizado documentos contables y sus anulaciones, que no pueden considerarse como vinculados a subvenciones pendientes de justificar", tras lo que ha apuntado que "se han contabilizado documentos contables, que corresponden a subvenciones a las que la entidad ha renunciado antes de cobrar su importe, por lo que no generan obligación de justificación".

La Consejería ha precisado que "se han contabilizado documentos contables de la convocatoria de 2011, por importe de 339 millones, cuyo plazo de ejecución de las acciones formativas concluyó el 31 de diciembre de 2014, por lo que la justificación de las mismas no es exigible hasta 31 de marzo de 2015, según establece la normativa, ó 15 de mayo de 2015 si han pedido ampliación del plazo para justificar la subvención".

Apunta que, por otra parte, la información periodística "suma algunas interpretaciones equivocadas a estos datos, y además de la anterior confusión, se confunde también entre justificaciones pendientes y exceptuaciones".

La Junta ha explicado que el informe de la UCO "hace primero este cálculo y luego analiza cuatro resoluciones de exceptuación dictadas entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011".

Ha asegurado que "el actual gobierno de la Junta de Andalucía no ha efectuado ninguna exceptuación de justificación de subvenciones concedidas".

"En cualquier caso, resulta erróneo confundir 'subvenciones sin justificar' con 'subvenciones pendientes de justificación'; en todos los casos que se estudian en el informe, las entidades han presentado la documentación justificativa de las subvenciones, estando pendiente del examen por parte de los órganos gestores, para proceder a establecer su validez o no", ha añadido.

Por otra parte, apunta que los datos aparecidos en relación con el atestado de la Guardia Civil dentro de la investigación seguida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "son de julio de 2014 y por tanto no se corresponden con la realidad actual, tras el trabajo constante y continuado realizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la tramitación de las justificaciones, respecto de las subvenciones concedidas en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo".

Ha agregado que "se han examinado y se continúan examinando los expedientes de modo minucioso, factura a factura, documento a documento, siguiendo las indicaciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía".