La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha celebrado una nueva reunión del grupo de trabajo para el estudio de reclamaciones por daños y perjuicios por actuaciones anticompetitivas, en la que ha destacado la importancia de que la adaptación de la normativa europea a la estatal en este ámbito facilite las reclamaciones colectivas y fomente la resolución extrajudicial de conflictos en este tipo de casos.

En este grupo de trabajo, impulsado desde Andalucía, están presentes representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, de las autoridades de Competencia de Andalucía, Cataluña, Euskadi y Aragón, de la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, los coordinadores de las cátedras de política de competencia de las universidades de Málaga y Sevilla y los representantes de las federaciones andaluzas de consumidores y usuarios (Facua, UCA-UCE y Al-Andalus).

El objetivo del encuentro, presidido por la directora gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), María Victoria Román, ha sido realizar una propuesta de borrador de la ley de transposición de la Directiva Europea sobre reclamaciones por daños y perjuicios al ordenamiento jurídico español, elaborada en el seno del grupo de trabajo. Esta adaptación normativa debe estar realizada antes de final de diciembre de 2016.

Desde la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía se ha resaltado la importancia de "ser ambiciosos" en esta transposición y en la nueva legislación que se está tramitando, extendiendo el ámbito objetivo, facilitando las reclamaciones colectivas y fomentando la resolución extrajudicial de conflictos para esta tipología de casos.

Además, el texto presentado propone la incorporación de un nuevo título a la Ley de Defensa de la Competencia, dedicado a la regulación de los daños y perjuicios producidos por conductas anticompetitivas, y plantea la modificación de algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

NOVEDADES

Entre las nuevas medidas propuestas se incluyen algunas novedosas como la adhesión de los sujetos infractores al Sistema Arbitral de Consumo y el desarrollo de acuerdos extrajudiciales, como una circunstancia atenuante en la fijación del importe de la sanción, de modo que se favorece que las empresas y personas perjudicadas puedan hacer efectiva antes la indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

También se recoge la posibilidad de que las autoridades de defensa de la competencia notifiquen a los perjudicados identificados en un expediente sancionador la resolución del mismo, informándoles de las acciones que puedan ejercitar.

Del mismo modo, se plantea un conjunto de normas para facilitar la prueba de los daños por los perjudicados, a fin de continuar promoviendo la colaboración de empresas infractoras en la detección y acreditación de ilícitos anticompetitivos, lo que supone un refuerzo de la relación entre las autoridades de defensa de la competencia y los órganos judiciales; así como el impulso al ejercicio de acciones colectivas por las empresas y personas perjudicadas, aunque estén situadas en niveles distintos de la cadena de distribución de bienes y servicios.

A la reunión del grupo de trabajo ha asistido Javier Domínguez, vocal adscrito a la Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia del Ministerio de Economía y Competitividad, al que junto al Ministerio de Justicia le corresponde la tramitación de la transposición de la directiva, que ha agradecido el trabajo realizado en la elaboración del texto y las observaciones efectuadas en torno al mismo.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, Arseni Gibert i Bosch, ha puesto de manifiesto que la transposición de la directiva constituye un instrumento idóneo para reforzar el papel de las asociaciones para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en esta materia, favoreciendo el ejercicio de acciones colectivas y evitando reclamaciones repetitivas por parte de la ciudadanía afectada. Asimismo, ha señalado que ello supondría una oportunidad para promocionar la cultura de la competencia en la sociedad.

Además de las conversaciones sobre la transposición de la directiva, el grupo de trabajo ha avanzado en otras cuestiones como el desarrollo de una metodología para el cálculo de los daños derivados del cártel del euríbor, así como otras propuestas de modificación normativa complementarias a la propia transposición de la directiva y relacionadas con la nueva legislación sobre consumo y justicia gratuita.