El PP de Granada ha exigido este martes a la presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, el cese "inmediato e inexcusable" de la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y de la delegada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, después de que hayan sido imputadas en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote (Granada), a una finca cercana.

En la providencia dictada por el juez figura también el actual parlamentario socialista Javier Aragón, que es aforado, y en relación con el cual el PP ha pedido al PSOE que le reclame "también de manera inexcusable" el acta.

En un comunicado, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García ha señalado que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía "no tiene otra salida" que retirar de sus responsabilidades "hoy mismo" a las dos delegadas "si no quiere que sus apelaciones a la transparencia y a la rectitud de su gobierno suenen a papel mojado y a anuncios para la galería".

En concreto, el juez instructor, Miguel Ángel del Arco, ha imputado a García y Oria por la posible comisión de tres delitos, prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. El juez considera que tanto ellas como Aragón tuvieron conocimiento en su calidad de delegados de medioambiente —los tres han ocupado dicho cargo desde 2008—, de los vertidos, supuestamente irregulares, de la prisión y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas de control, inspección o sancionadoras.

Además el juez también considera que los imputados incumplieron la obligación de elaborar un informe de calificación ambiental para las depuradoras de poblaciones de inferiores a 10.000 habitantes, algo de lo que la Delegación era conocedora "máxime tras conocer las denuncias presentadas entre 2009 y 2011"; dichas denuncias fueron interpuestas por un particular en cuya finca se producían los vertidos. El juez considera igualmente que debieron "actuar con diligencia en la reparación de los daños y el restablecimiento de la zona a su estado ecológico originario, ordenando al centro penitenciario la adopción de medidas de recuperación indemnizatorias".

En opinión de Ana Vanessa García, es "extremadamente grave" que quien tiene la responsabilidad política de "actuar en defensa del medio natural" haga "caso omiso" de reiteradas advertencias sobre sus competencias.

"Directamente los responsables de Medio Ambiente de la Junta miraron para otro lado, actitud que parece ser que ser la de un alto porcentaje de los altos cargos de la Junta: mirar para otro lado y hacer oído sordos cuando se comete una irregularidad y cuando reciben advertencias de la misma", ha dicho Ana Vanessa García.

Ana Vanessa García, que también ha exigido al PSOE de Granada un pronunciamiento "sobre un caso más de los que salpican a altos dirigentes socialistas de la provincia", ha puesto sin embargo el foco en el propio Consejo de Gobierno al recordar que el juez apunta las posibles responsabilidades de la Junta "en relación con la depuradora que da servicio a la prisión".

A juicio del PP, en última instancia, lo ocurrido en los términos municipales de Colomera y Albolote con los vertidos de la prisión provincial "no es si no la punta del iceberg" de un gran escándalo relacionado con la no ejecución de las infraestructuras de depuración de agua en la provincia.

Por ello y según el PP, García, Inmaculada Oria y Javier Aragón sólo serían "los responsables locales", ya que a nivel regional "los responsables del gran escándalo son José Antonio Griñán, Susana Díaz, María Jesús Serrano, Luis Planas y José Juan Díaz Trillo, presidentes y consejeros de Medio Ambiente en estos años."

"Desde hace más de tres años", ha subrayado García, "el Partido Popular viene denunciando que la Junta de Andalucía y su presidenta Susana Díaz han incumplido, reiteradamente, sus compromisos con la depuración de las aguas en nuestra provincia. Hemos dicho, una y otra vez, que hay más de 60 actuaciones en materia de infraestructuras de tratamiento, que afectan a un centenar de municipios de Granada, que no se han hecho, sencillamente porque la Junta no ha querido, a pesar de recaudar decenas de millones de euros por el canon de depuración".