El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se ha personado como acusación popular en el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) a través del escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, en el que manifiesta que dicha personación se refiere a las diligencias previas seguidas a su instancia a través de la denuncia formulada ante la Fiscalía Superior de Andalucía por las posibles irregularidades en la gestión de las Utedlt que contenía el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Según indica el SAF en una nota, el sindicato pide en el escrito al Juzgado que le traslade "lo actuado hasta el presente" en este caso. Ha explicado que las fiscalías provinciales andaluzas han seguido adelante con la investigación iniciada por la Fiscalía Superior por "presuntos delitos de malversación y prevaricación" en los 95 consorcios Utedlt "que recibieron 57,3 millones de euros en ayudas concedidas por el SAE entre 2010 y 2012".

Según refiere el sindicato, "la Cámara de Cuentas de Andalucía refleja en el informe la opacidad en la finalidad de las ayudas mencionadas, las irregularidades en los procesos de selección de personal y en el uso de herramientas de control y los posibles indicios generadores de responsabilidad penal, argumentos apoyados por la Unidad Adscrita de Policía Judicial".

En este sentido, según el SAF, la Cámara concluye que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que "en un 48 por ciento de los casos no había mediado convocatoria pública. Agrega que "los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros".

A raíz de estos hechos, SAF solicita a la Fiscalía Superior investigarlos "y es entonces cuando la Fiscalía ordena por escrito la remisión de copia testimoniada íntegra de las presentes diligencias de investigación penal a todas las fiscalías provinciales de la comunidad autónoma para que (...) lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente que debiera tener lugar antes del próximo 4 de marzo de 2015".

SAF apoya la decisión de las fiscalías de seguir adelante, ya que considera fundamental que "la Justicia investigue en profundidad estas posibles irregularidades en la gestión de millones de euros de las arcas públicas y se depuren responsabilidades si fuera necesario".