El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado en solitario la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, una norma que ha sido rechazada por los dos grupos de la oposición -PSOE y Grupo Mixto—, ya que, como ha destacado la procuradora socialista María Fernanda Blanco, el Gobierno de la Junta "no es de fiar".

Esta Ley ha sido presentada ante la Cámara por el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha mostrado su "tristeza" por no poder cerrar un acuerdo unánime en las Cortes en torno a este asunto, lo que, a su juicio, hubiera sido lo "correcto y sensato". Así, ha defendido que la norma que hoy se ha aprobado en el Parlamento es "con toda seguridad" el texto "más completo" de los existentes en el ámbito autonómico sobre este aspecto.

Como novedad ha destacado la introducción de la participación ciudadana junto a la transparencia, lo que otorga a la Ley un "empaque especial", por lo que, a su vez, ha señalado su "satisfacción" por defender ante la Cámara la Ley "más avanzada posible".

"La regulación se cimienta en valores y principios que de verdad creemos, no nos cansaremos de repetir el orgullo que significa el resultados de los informes que refrendan de forma machacona la calidad delos servicios públicos de Castilla y León", ha reseñado De Santiago-Juárez, quien ha recordado que la "participación" es el "santo y seña" del proyecto Gobierno Abierto a través del que los ciudadanos ya han podido participar en torno a 120 foros.

El consejero de la Presidencia ha recordado que la norma entrará en vigor de forma "acompasada" con la ley estatal y ha considerado un "acierto" no esperar a que el Gobierno central apruebe su texto para avanzar en la "participación ciudadana".

Negativa de la oposición

Tras escuchar esta exposición la procuradora socialista ha defendido las 88 enmiendas del PSOE que han llegado vivas ante el Pleno después de que las Cortes ya rechazaran el texto alternativo que el grupo mayoritario de la oposición defendió ante la Cámara.

"Existe una gran demanda social para lograr una mayor transparencia, a pesar de ello el PP ha zanjado su negativa para cumplir de boquilla el compromiso de Herrera por la transparencia", ha lamentado, tras lo que ha criticado la "absoluta cerrazón" del PP en las Cortes a debatir tanto las enmiendas socialistas como el texto alternativo.

Para el PSOE la transparencia no se basa en permitir el acceso de la ciudadanía a determinada información y ha basado su argumentario en el informe del CES en el que considera que la "participación ciudadana debe entenderse en un aspecto más amplio". "Queremos posibilitar el ejercicio de la transparencia con más garantías, con más instrumentos específicos", ha avanzado en defensa de sus alternativas.

María Fernanda Blanco ha insistido en que el PSOE quiere avanzar para lograr "dar información absolutamente de todo". "La transparencia se demuestra andando, con comisiones de investigación, con cuyo rechazo se vuelve a hurtar un instrumento de control de la oposición", ha lamentado la procuradora, quien ha reclamado que no se apruebe "ni un euro más sin explicación".

Tras argumentar estas enmiendas el viceportavoz 'popular' Juan José Sanz Vitorio ha explicado el voto en contra de su Grupo a las enmiendas socialistas, así ha destacado que si con la presentación del texto alternativo el PSOE dejó constancia de que "tiene capacidad para hacer corta pega" ahora con las enmiendas parciales queda "constatado", ya que, como ha señalado, las enmiendas "son una copia de la Ley de Navarra".

"Las enmiendas parciales representan una enmienda a la totalidad a su propio texto alternativo", ha asegurado Sanz Vitorio quien ha afeado que el PSOE haya "copiado literalmente" 12 artículos de la Ley navarra.

Con este argumentario, el procurador 'popular' ha asegurado que "no se puede aprobar ni una sola enmienda", tras reseñar que él se toma más en serio las propuestas que el propio PSOE.

"Para llegar a un acuerdo hay que tener confianza y ustedes no son de fiar", ha aseverado María Fernanda Blanco, quien ha reseñado que esto se demuestra cuando la Ley de Transparencia no ha pasado el trámite de "información pública" y cuando hablan del límite de mandatos en cuanto a regeneración democrática y "vuelven a proponer a Herrera". "Asistimos a otra ocasión perdida por la transparencia", ha concluido.

Por su parte, el procurador de IU, José María González, ha defendido las 30 enmiendas que llegaron vivas al Pleno cuyo objetivo era "hacer una ley más creíble para los ciudadanos". Así, sus propuestas se centraron en avanzar "con fuerza" en la publicidad activa, en dar a conocer la financiación de contratos o en "clarificar" las actividades públicas y privadas.

Estas propuestas han sido rechazadas por el PP, ya que, en palabras del procurado Alfonso García Vicente, su única pretensión es "derribar" la tramitación de la Ley por un "puro interés oportunista de carácter preelectoral". García Vicente también ha rechazado las 11 enmiendas de UPL que demuestran "fobia" a conceptos como "la publicidad activa".

La norma

Con arreglo a la Ley aprobada este viernes los altos cargos de la Junta de Castilla y León darán a conocer en el mes de abril sus declaraciones de bienes,aunque esas declaraciones se conocerán de forma habitual en el mes de enero.

Esta es una de las novedades del proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que exige a los altos cargos de la Junta a presentar anualmente copia de sus declaraciones del IRPF y, en su caso, de patrimonio, que quedarán inscritas en el Registro de Intereses. Así, la nueva norma obliga a publicar en el Bocyl las declaraciones notariales del presidente y de los consejeros, difusión que ya se cumple aunque con carácter voluntario.

La Ley amplia las exigencias de publicidad activa y el detalle de la relación de asuntos que deberán difundir los organismos y las entidades del sector público autonómico.

Así, se podrán conocer las relaciones de puestos de trabajo y plantillas, los puestos de personal eventual, las convocatorias de procesos de selección de personal, los convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes y los textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas además del gasto público en campañas de publicidad institucional.

La Junta también informará del volumen de endeudamiento de la Comunidad, la estructura de la cartera de deuda y la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de su propiedad y dará a conocer la relación de los que se ceden a terceros y el número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.