Como cada 26 de septiembre desde hace cinco meses, miles de personas se manifestaron este jueves para exigir justicia y verdad por la desaparición de 43 estudiantes en México, un caso por el que aún se producen detenciones pese que el Gobierno mexicano ya presentó sus conclusiones.

Con las calles de varias ciudades repletas de manifestantes, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó este jueves en un comunicado de la detención de un expolicía de Iguala por su presunta participación en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, hallado muerto el 27 de septiembre con la cara desollada.

El detenido, identificado como Luis Francisco Martínez, habría participado también en el ataque al autobús en que viajaba el equipo de fútbol infantil de Los Avispones, suceso por el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.

Seis personas fallecieron en ataques policiales la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), las tres mencionadas y otros tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El cadáver de Mondragón, compañero de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche, fue encontrado al día siguiente, y el esclarecimiento de su muerte era una de las principales exigencias de los padres, que no acaban de creer la versión oficial.

Según las autoridades, los jóvenes fueron secuestrados y entregados por policías locales a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula.

Por este caso hay detenidas casi un centenar de personas, la mayoría ex servidores públicos como el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes trabajaban presuntamente a las órdenes del narcotráfico.

Pese a que en su última comparecencia sobre este caso el fiscal general, Jesús Murillo, dijo que tenía suficientes "pruebas científicas" para asegurar que los jóvenes están muertos, varias organizaciones han expresado sus dudas así como los peritos argentinos que colaboran en la investigación a petición de los padres.

Expertos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán México el próximo mes de marzo para investigar posibles irregularidades en las pesquisas.

Los padres volvieron a participar este jueves en una multitudinaria marcha en la capital mexicana, que concluyó en la residencia presidencial de Los Pinos.

Allí se celebró un mitin en el que los familiares de los estudiantes exigieron una vez más su aparición con vida y la renuncia del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

"Seguiremos con la frente en alto, con la dignidad y luchando inclaudicablemente, no daremos ni un paso atrás, pese a la represión que sufrimos y al Ejército, que nos asedia en Guerrero", dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuyo discurso fue cerrado por los gritos de los manifestantes de "¡Fuera Peña!".

En declaraciones a Efe, Rosales afirmó que "la Procuraduría está intentando establecer el cierre del caso" a pesar de que "hay muchas lagunas que deben ser esclarecidas".

Aun así, reconoció que ven un hilo de esperanza para que la investigación continúe con la llegada a México de la CIDH el próximo 1 de marzo.

Mario, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, se refirió a la represión policial que se vivió en una marcha de un millar de maestros celebrada en el puerto de Acapulco el pasado martes, en la que murió una persona y una docena resultó herida.

"Estamos aprendiendo qué clase de Gobierno tenemos; hemos visto todo lo que es capaz de hacer", sentenció.

La mayoría de los manifestantes eran miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), quienes se han sumado a la lucha por el caso de los 43 desaparecidos.

En un mitin realizado este martes en Acapulco exigieron al Gobierno "la investigación y el castigo" por la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo, de 65 años, quien "es un ejemplo de lucha a seguir", dijo uno de los portavoces de los maestros.

Según el Gobierno federal, su muerte fue debido a un atropello, aunque los maestros dicen estar convencidos de que falleció por los golpes de policías federales.

Los maestros denunciaron, además, la desaparición de doce de sus compañeros y la violación de cuatro mujeres tras el enfrentamiento de aquella noche.