Una investigación del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, ha detectado la desaparición del libro de la Guardia Urbana de registros y custodia de los detenidos de febrero de 2006, mes en que se produjeron los hechos del 4F.

Al presentar este lunes el informe emprendido tras la emisión del documental Ciutat Morta en televisión, Ribó ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona indagar quién fue el responsable de esta desaparición, ya que asegura que es la primera vez que en sus investigaciones encuentra un hecho así.

El adjunto del Síndic, Jordi Sánchez —quien ha llevado el peso de la investigación—, ha detallado que, cuando pidieron esta información al consistorio, el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, les explicó que la desaparición del libro se produjo en 2010: "En pleno proceso de revisión de las condenas", ha recordado.

El Síndic ha denunciado que las administraciones actuaron con "negligencia" y "falta de transparencia" en el caso del 4F y ha apreciado "indicios de malos tratos" con al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida abierta en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial.

En su informe, el Síndic aprecia indicios de malos tratos en el caso del principal condenado, Rodrigo Lanza, ya que tras su detención fue visitado en el Hospital del Mar, hacia las 8.30 horas, por policontusiones, atribuibles a la trifulca previa al arresto.

Posteriormente, tras permanecer unas horas bajo custodia policial en comisaría de la Guardia Urbana, fue trasladado al Hospital de la Esperanza, donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura y una grapa en la cabeza, ya que tenía una herida abierta.

"¿Le dejaron abierta una herida en la cabeza en el Hospital del Mar? Si la lesión es posterior, ¿cómo se produjo?", se ha preguntado Ribó, mientras que su adjunto, Jordi Sánchez, ha admitido que no tienen "certezas" de que hubo malos tratos, pero sí indicios.

La investigación del Síndic también ha concluido que el procedimiento que ha culminado con la declaración de invalidez de dos de los agentes implicados en el caso -que permanecen en prisión por torturar a un detenido en un proceso paralelo-, parten de un "error de diagnóstico", por lo que pondrá su informe en manos de la Seguridad Social (INSS) por si considera necesario revisarlo.