Desde su creación en 2012, la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruturación Bancaria, se ha centrado en la venta de los inmuebles de su cartera, fundamentalmente a inversores y fondos buitre, pero no ha puesto especial énfasis en su compromiso social. De hecho, la función del llamado 'banco malo' no es hacer política de vivienda, según reconoció el Gobierno en diciembre, en respuesta parlamentaria. El Ejecutivo aclaraba entonces que las comunidades deberían compensar a la Sareb por cederles pisos.

Y es que el Gobierno considera que, aunque la Sareb "no tiene la obligación de llevar a cabo políticas de vivienda", en el marco de su labor de Responsabilidad Social Corporativa sí "tiene previsto colaborar con las comunidades autónomas a través de la firma de una serie de convenios dirigidos a facilitar el acceso a alquileres a precios asequibles y contribuir a impulsar sus políticas de vivienda social".

Efectivamente, esa posibilidad existe. En noviembre de 2013, la entonces presidenta del banco malo, Belén Romana, aseguraba que querían contribuir a paliar el problema de la carencia de vivienda, sin alejarse del mandato que se les había encomendado, la venta de los inmuebles. Así, la Sareb ponía a disposición de las comunidades autónomas hasta 2.000 pisos para que se alquilasen a precios "asequibles".

Y si la Sareb ha puesto estas casas a su disposición, ¿por qué los gobiernos regionales no las han aprovechado? Desde noviembre de 2013, pese a estar presuntamente negociando con las comunidades autónomas para cederles pisos que puedan destinar a alquileres para familias con dificultades económicas, el banco malo sólo ha cerrado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para cederle 600 pisos; fue en julio de 2014. Ahora llega el segundo acuerdo.

El banco malo ha firmado un compromiso con el Gobierno de Aragón para cederle temporalmente la gestión de al menos 80 viviendas, que se destinarán a alquileres a precios asequibles. Para el presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, "no pasa desapercibida la necesidad social y la posibilidad de echar una mano a los problemas de vivienda de la población".

Según Echegoyen, “este es el objetivo del convenio que también estamos intentando con otras comunidades autónomas”. El suscrito en Aragón es el segundo que firma la Sareb y su presidente dice estar “orgulloso por la velocidad con la que se ha sido capaz de llegar a ello".

Pero en realidad, la “necesidad social” no quita el sueño a los responsables del banco malo. Como será, que en octubre pasado, la Junta de Andalucía sancionaba con 120.000 euros a la Sareb por "obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas". Fue la primera sanción económica que imponía la Consejería de Fomento andaluza en aplicación de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, conocida popularmente como 'Ley antidesahucios',

Finalmente, el pasado diciembre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), solicitaba al ministro de Economía, Luis de Guindos, una reunión con representantes de su departamento y de la Sareb para tratar la situación de los pisos que mantiene vacíos y su posible uso como parque público de vivienda en alquiler social. La organización se queja de que ha intentado contactar en "innumerables" ocasiones con responsables del banco malo para tener una reunión sobre el problema de los pisos vacíos, sin obtener respuesta.