Más seguridad para proteger la vivienda pública. El fenómeno de la ocupación ilegal se ha acentuado con la crisis. Los pisos vacíos son un reclamo constante para aquellos que pretenden instalarse en ellos sin permiso. Esta conjunción de factores ha provocado que las distintas administraciones con responsabilidades en materia de vivienda estén tomando medidas al respecto. El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), perteneciente a la Comunidad de Madrid, con cientos de pisos vacíos, está intentando disuadir a los potenciales ocupadores con la colocación de puertas blindadas.

"Nuestra intención es proteger al máximo el patrimonio inmobiliario público y garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda digna", justifican desde el Ivima, que añade que también tienen contratada seguridad privada. El principal suministrador de puertas blindadas en la región es STM Ferrofoc. La empresa catalana asegura que además de entidades públicas madrileñas contratan sus servicios bancos, inmobiliarias, constructoras y hasta particulares. "La gente quiere proteger sus inversiones y nuestras puertas son más seguras que las alarmas. Aún no han conseguido abrir ninguna", afirma Juanjo Lallave, responsable de I+D y ventas de la empresa. Lallave asegura que Madrid es "donde más se vende" y que "la demanda se ha multiplicado por diez en el último año" (hasta 150 al mes).

Desde la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), perteneciente al Ayuntamiento de la capital, también confirman la utilización de puertas blindadas y vigilancia privada, además de "contar con inspectores que realizan inspectores periódicas". El coste de estos gigantes de acero ronda los 900 euros, aunque existe la opción de alquilarlas por 75 euros al mes.

La razón de esta fiebre por la seguridad es el aumento del número de viviendas que se han ocupado en los últimos años por la crisis. Ni el Ivima (con un parque de unas 20.000 viviendas) ni la EMVS (5.000) ofrecen datos de ocupación "para evitar el efecto llamada" aunque reconocen ha habido un incremento. Según los últimos datos oficiales ofrecidos por la Defensora del Pueblo, 776 viviendas del Ivima estaban ocupadas ilegalmente en 2012. Se calcula que la cifra ya supera las 800.

El Ivima cuenta actualmente con unas 200 puertas de estas características. "Cuando una vivienda se queda vacía se suele colocar una puerta blindada para evitar la ocupación mientras se realizan las obras de acondicionamiento necesarias. A su finalización, se vuelve a colocar la puerta original", explican desde organismo público. Pero no todas las viviendas vacías disponen de este elemento disuasorio: "Se suelen colocar en zonas donde existe un mayor riesgo de que sean ocupadas".

En Madrid capital, por ejemplo, la ocupación ilegal se ha detectado en Entrevías y Triángulo del Agua (Puente de Vallecas), San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), San Fermín y Orcasur (Usera), Alto San Isidro y Comillas (Carabanchel) o el Pau de Vallecas (Villa de Vallecas), posiblemente el punto más caliente. En la región, hay altos niveles de ocupación en Parla, Valdemoro y Pinto.

"Aquí ha aumentado mucho la ocupación desde que el Ivima vendió en 2013 casi 2.000 viviendas al fondo buitre Encasa Cibeles", afirma Rosa María Pérez, presidenta de la asociación de vecinos del Pau de Vallecas. Pérez asegura que este fenómeno en auge "está controlado por mafias que incluso llegan a subarrendar las viviendas". Sin embargo, no criminaliza la ocupación por necesidad: "No estamos en contra de las familias que se ven obligadas a meterse en un piso por necesidad. Normalmente son gente que no dan problemas y que no quieren llamar la atención".

Desde la AA VV de San Fermín explican que las medidas de seguridad tomadas en la zona de la calle Oligisto por la EMVS han surtido efecto porque "nadie se atreve a ocupar los pisos", aunque califican este hecho de "patético". "Tienen decenas de pisos vacíos porque su intención es la de venderlos a fondos buitre", agregan. En San Cristóbal de los Ángeles, fuentes vecinales desvelan que para evitar las ocupaciones la EMVS "tapia la puerta, coloca una chapa metálica y luego coloca la puerta".

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende "que se ocupen las viviendas públicas vacías mientras siga habiendo gente viviendo en la calle porque les han echado de sus casas. Hay personas que llevan cuatro y cinco años esperando una casa". Y critica algunas de las medidas de seguridad tomadas por la administración: "Lo que no se puede tolerar es que los vigilantes de seguridad contratados por el Ivima y la EMVS estén vigilando los pisos que se han vendido a los fondos buitres, que han incrementado el alquiler un 300%. En el Pau de Vallecas hay gente pagando 700 euros al mes. ¿Qué tipo de alquiler social es ese?".