El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado sendos decretos en los que crea y regula los consejos de Políticas Demográficas y de Cooperación al Desarollo, en los que aglutina cinco órganos de asesoramiento ya existentes.

En concreto, por lo que se refiere al Consejo de Políticas Demográficas, se unifica en un solo órgano el asesoramiento y la participación en las materias relativas a las políticas demográficas —que hasta ahora contaba con tres grupos de asesoramiento sobre inmigración, migración y población—.

El Consejo estará presidido por el consejero al que esté adscrito el nuevo órgano y contará con representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), asociaciones de inmigrantes y otras entidades sociales, sindicales y empresariales.

El objetivo fundamental del Consejo será unificar el asesoramiento y el canal de participación en todas las materias relativas a las políticas demográficas.

Éste órgano estará compuesto por un presidente -consejero al que esté adscrito el Consejo-, un vicepresidente elegido por los vocales que representen a las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, y varios representantes de las consejerías y grupos parlamentarios; FRMP, Universidades, Delegación del Gobierno y Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Asimismo, formarán parte del mismo entidades representadas en los órganos de participación en materia de turismo, familia, economía social y autónomos; organizaciones sindicales, empresariales y organizaciones profesionales agrarias; asociaciones de inmigrantes y ONG que actúen en el ámbito de la inmigración; comunidades castellanas y leonesas en el exterior; y asociaciones de emigrantes retornados.

FUNCIONES

Las principales funciones sobre las que trabajará pasan por proponer nuevas medidas para la Agenda para la Población, actuar como órgano de recogida y análisis de la información disponible sobre la situación de la población inmigrante y las necesidades de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, e informar y colaborar en el proyecto de los planes estratégicos en materia de inmigración y emigración.

En esta línea, también se realizará el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en materia de inmigración, emigración y población, y se analizará la información disponible sobre la realidad de la situación demográfica en la Comunidad.

Será también competencia del Consejo proponer la realización de los estudios y análisis necesarios para un mejor conocimiento de la realidad demográfica -aspecto que se llevará a cabo con la colaboración de las universidades de la Comunidad- y dar a conocer, con carácter previo a su remisión a las Cortes, el informe anual de la Junta relativo a la evolución de los indicadores básicos y el grado de ejecución de las medidas incluidas en la Agenda de la Población.

Para todo ello, el presidente del Consejo podrá convocar a las sesiones a los titulares de órganos de la Administración de Castilla y León y a personas expertas en las materias objeto de análisis. Se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año y con carácter extraordinario cuantas veces sea convocado por el presidente o a propuesta de, al menos, una tercera parte de sus miembros.

El proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo de Políticas Demográficas tiene como antecedente el Acuerdo 22/2014, de 30 de enero, por el que se aprueban las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad, entre las que se contemplaba la racionalización de los órganos de participación para agilizar la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento y reforzar la participación de la sociedad civil.

Por otro lado, en cuanto al Consejo de Cooperación al Desarrollo, se unifican los dos órganos adscritos a la Consejería de la Presidencia encargados de esta materia como son el Consejo de Cooperación al Desarrollo y la Comisión Interterritorial de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo. Esta unificación también se incluye entre las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León para la reforma de la Administración.

órgano consultivo

El proyecto de decreto aprobado tiene como objetivo principal crear un único órgano en materia de cooperación al desarrollo y clarificar y simplificar sus funciones, de manera que se constituye como instrumento de coordinación de carácter consultivo y deliberante y como cauce de la participación de los distintos agentes implicados en la cooperación para el desarrollo en la Comunidad.

Entre las principales funciones de este órgano se encuentran actuar como órgano de recogida y análisis de información sobre esta materia; informar y colaborar en el proyecto del Plan Director para la Cooperación al Desarrollo; conocer los balances anuales y el proyecto de presupuesto asignado a cooperación en la Comunidad; e informar previamente de los anteproyectos de leyes y demás disposiciones generales relacionadas con esta temática.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo estará compuesto por un presidente- que será el consejero competente en esta materia-, un vicepresidente- el titular del centro directivo competente-, y estarán representados por miembros de estas instituciones las Cortes de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, las consejerías, las organizaciones sindicales y empresariales, las universidades y las ONG que actúen en materia de cooperación al desarrollo. La pertenencia o asistencia al Consejo de Cooperación no generará percepción de cuantía económica alguna.

El Consejo funcionará en pleno, en comisión permanente y en comisiones de trabajo y se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en sesión extraordinaria cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

El objetivo principal de esta reforma impulsada por la Junta es contribuir a la prestación de unos mejores servicios a los ciudadanos de Castilla y León mediante una Administración autonómica más eficaz, eficiente, austera evitando duplicidades y favoreciendo la participación.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la racionalización de los órganos de participación para agilizar la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que se modificaron las leyes necesarias para desarrollar estas medidas y entre ellas, la Ley de Cooperación al Desarrollo.