Compromís presentó el 7 de enero una denuncia en Fiscalía por "presuntas irregularidades" relativas al acceso alternativo al puerto de Valencia con motivo del Gran Premio de Fórmula 1, a gastos de la Fundación Valenciaport de personal y alquiler y a la extinción de la concesión de la terminal de graneles de Sagunto a una empresa participada al 50 por ciento por Cyes y Tarragona Port Services.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el diputado nacional de la coalición, Joan Baldoví, que ha comparecido junto a la concejal de Compromís en Sagunto, Teresa Garcia, para presentar la iniciativa que plantean en base a información detectada en respuestas parlamentarias del Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) —que gestiona los puertos de Gandia, Sagunto y Valencia—.

Garcia ha asegurado que esta entidad ha "perdonado" 83 millones de euros a esa concesionaria de Sagunto, 61 de la inversión comprometida y no realizada y unos 22 por devolverle la garantía, además de "haber invertido 31 millones en construir un muelle que deja vacío".

La edil ha acusado a la APV de "hacer un uso indebido de fondos públicos" por haber "renunciado a cobrar esos 61 millones e invertir 31 millones en unas instalaciones para dejarlas sin uso" y ha reclamado "mayor autonomía de la gestión del puerto de Sagunto", frente a la situación actual en la que consideran que el municipio "no tiene ni voz ni voto, sólo un voto testimonial", en parte por tener una administración local "muy sumisa a la APV".

En cuanto al acceso por la F1, el puente de Astilleros entre el barrio de Nazaret y el puerto, Baldoví cita "irregularidades" en la concesión "a la tercera empresa, cuando el Ministerio contestó que había optado por la oferta económicamente más ventajosa, en cambio había dos más baratas".

Sobrecostes del 20%

En el puente de astilleros

Además, asegura que hubo "sobrecostes del 20 por ciento en las obras" y el compromiso de amortización del 50 por ciento por parte de Valmor sólo se cumplió en 2008 y 2009, en 2010 y 2011 fue asumido por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat y en 2012 nuevamente por Valmor, propiedad ya de la Generalitat. Al respecto, mantiene que a la APV "le falta un millón de euros por recuperar" de lo invertido y lo achaca a que "alguien no ha cumplido sus obligaciones".

Respecto a la Fundación Valenciaport, Baldoví ha tildado de "absolutamente escandaloso" que el coste por empleado de la treintena de trabajadores del Grupo 1 pasó de 32.000 euros en 2005 a 53.000 en 2013, lo que supone un aumento del 75 por ciento "en plena crisis".

"más equiparable a la city o wall street que al grao"

A su vez, el alquiler abonado a la APV por tener su sede en la Antigua Escuela de Aprendices se incrementó de 63.000 euros en 2005 a 410.000 euros en 2009, "costes más equiparables a la City londinense o a Wall Street que al Grao de Valencia", ha apostillado.

A preguntas de los medios, ha señalado que esperan que su denuncia se acumule a la investigación del juzgado de instrucción número 14 de Valencia —que también partió de Fiscalía— sobre presuntas irregularidades en la gestión de la APV y en la que están imputados su presidente, Rafael Aznar, dos directivos y un técnico contable.

"El puerto es una fuente inagotable de sorpresas desagradables para los valencianos y lo que queremos es que estos comportamientos que se han producido durante estos años se acaben", ha subrayado Baldoví, quien pretende que "esta denuncia se acumule con todas las otras para que todas estas irregularidades se sepan, se depuren, la gente que tenga que pagar, que pague, y no vuelva a suceder nunca más que, con dinero público, se hagan estas grandes fiestas".