En los últimos cuatro años, la justicia ha dado la razón hasta en nueve ocasiones a los ciudadanos ante la incapacidad del Ayuntamiento para atajar el jaleo.

Las sentencias más destacadas fueron en 2004, cuando el Tribunal de Estrasburgo obligó a indemnizar con 8.000 euros a una vecina de Xúquer.

En mayo de 2006, un juez forzó al Consistorio a declarar acústicamente saturado el entorno de la discoteca Woody, y en marzo pasó lo mismo en Juan Llorens.

En cuanto al botellón, la Policía Local se ha visto obligada a montar dispositivos con la Nacional, y aunque se ha dispersado en pequeños grupos, no se ha erradicado.

Por otra parte, las obras en Manises obligaron a desviar la ruta de entrada de los aviones. Tenían que cruzar el casco urbano de Valencia, lo que causó protestas.

Los camiones de basura se han renovado y son algo más silenciosos, pero las quejas persisten.

Nueva ordenanza y mapa del ruido

La aprobación de la nueva ordenanza del ruido ha sido la principal acción del equipo de Gobierno en materia de ruido. Además, se han realizado mediciones en todos los barrios y el mes que viene se presentará el mapa del ruido que «dirá dónde y de qué manera hay que actuar para atajarlo», comenta el concejal de Sanidad, Ramón Isidro. Tanto EU como el PSPV han criticado la falta de planificación del ocio nocturno y el hecho de obligar a los vecinos a acudir a la justicia por la pasividad municipal.