El Ayuntamiento de Torrelavega presentará en los próximos días un requerimiento, previo a la interposición de la reclamación judicial, para que el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) "asuman sus competencias" en la eliminación de las filtraciones en el Barrio de la Turbera (Torres).

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca Casal, ha explicado que los servicios jurídicos municipales ya están trabajando en la preparación de dicho requerimiento y están recabando nuevos informes para tener "una base jurídica sólida" en el citado proceso.

Así lo ha transmitido el concejal este lunes en una reunión con los representantes de la Unión Vecinal y de la Asociación de Vecinos de Torres, a la que también han asistido los portavoces de los grupos municipales.

En la reunión, solicitada por la Unión Vecinal y que se ha prolongado durante casi tres horas, "se han puesto sobre la mesa todas las opciones posibles para solucionar el problema de las filtraciones", según informa el equipo de Gobierno en nota de prensa.

En opinión de Urraca, el Gobierno de Cantabria también debería tomar parte en este tema, ya que tiene alguna competencia a la hora de prestar asesoramiento técnico y jurídico a los Ayuntamientos.

En este sentido, el concejal ha asegurado que el Ayuntamiento está llevando a cabo, en el último año, todas las medidas posibles para solucionar el problema. "Tenemos siempre que actuar dentro del terreno de la legalidad, este es un tema muy serio y tenemos que funcionar con informes técnicos documentados", ha señalado.

El responsable del área ha recordado que los técnicos municipales han determinado que el Ayuntamiento de Torrelavega no es competente en esta materia y por ello, ha explicado, "a pesar de tener 200.000 euros consignados para la ejecución del proyecto de eliminación de las filtraciones, no podemos ejecutarlo, al no ser el Ayuntamiento la institución competente", ha puntualizado.

Por su parte, el teniente alcalde, Pedro García Carmona, ha dicho que "somos conscientes" de que los vecinos lo único que quieren es que su problema se solucione, pero desde el Ayuntamiento, ha reiterado, "tenemos que actuar dentro de la legalidad y no podemos gastar directamente ese dinero porque no somos la institución competente".

"Entendemos el hastío y la desesperación de los vecinos que ven como pasa el tiempo y su problema no se soluciona, pero, lamentablemente, el nuevo marco normativo que impone la ley de sostenibilidad de la administración local, aprobada por el PP, nos impide actuar", ha señalado Urraca, tras destacar que se ha entrado en la fase judicial después de haber "agotado todas las vías alternativas".