Si nuestro contador de la luz ha sido manipulado, nos caerá una multa de 1.500 euros. No importa si somos o no los autores de la manipulación. Lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que acusa a las eléctricas de sancionar sin pruebas y sin dar al cliente posibilidad de defenderse. No obstante, es posible actuar ante esa injusticia, aunque hacerlo implicará llevar a juicio a la compañía.

"Las compañías eléctricas son juez y parte en la detección del fraude", al tiempo que los consumidores a los que se acusa dicen no haber cometido las irregularidades imputadas, afirma la OCU. Los usuarios, sostiene, se están viendo acusados de fraude sin pruebas suficientes, de modo que no tienen más opción que pagar las cantidades exigidas si no quieren que les corten el suministro.

La Organización de Consumidores y Usuarios dice haber recibido un "número alarmante de reclamaciones" de consumidores que denuncian "indefensión" ante las comercializadoras eléctricas que los acusan de haber manipulado sus contadores. Muchos consumidores han sido acusados de manipulaciones sin haber estado presentes en la inspección del contador y sin que el acta del técnico de la compañía incluya la firma de ningún testigo, denuncia la asociación, que considera que las eléctricas aplican la presunción de culpabilidad.

La normativa actual no especifica los criterios que deben cumplir las eléctricas para acreditar la existencia de este fraude. Según OCU, el resultado final es una multa de en torno a 1.500 euros, ya que lo que hace la compañía es refacturar el último año como si hubiesemos estado usando el 100% de la potencia contratada durante 6 horas cada día.

Si somos inocentes, pero la eléctrica nos acusa de haber manipulado el contador es posible plantar cara. La OCU, que recuerda que la lucha nos llevará hacia un juicio al que tendremos que acudir, recomienda actuar de este modo:

Según la organización de consumidores, en el peor de los casos, este juicio puede llevar a una condena en costas. Sn embargo, si hemos acudido sin abogado ni procurador (por reclamar una cantidad inferior a 2.000 euros) únicamente podrán pedir que paguemos el desplazamiento al juzgado del representante de la eléctrica (artículo 32.5 de la Ley 1/2000 de 7 enero de Enjuiciamiento Civil).