La Sareb no nació para hacer política ni para pensar en las familias desahuciadas. Es la idea que subyace en el reconocimiento que hace el Gobierno de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) deberá recibir una compensación de las comunidades autónomas por los pisos que les ceda para alquileres sociales.

La función del llamado 'banco malo' no es hacer política de vivienda, reconoce el Ejecutivo en una respuesta escrita al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, quien el pasado mes de octubre preguntó por el número de viviendas que la Sareb había cedido ya a comunidades autónomas, ayuntamientos o particulares.

El Gobierno explica que aunque esta entidad "no tiene la obligación de llevar a cabo políticas de vivienda", en el marco de su labor de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sí "tiene previsto colaborar con las comunidades autónomas a través de la firma de una serie de convenios dirigidos a facilitar el acceso a alquileres a precios asequibles y contribuir a impulsar sus políticas de vivienda social".

El Ejecutivo entiende que esos convenios deberán recoger una "compensación" al 'banco malo' por parte de los gobiernos regionales por la cesión de la gestión provisional de las 2.000 viviendas previstas, con la intención de que el coste del programa sea "razonable" y "no ponga en riesgo la viabilidad del proyecto empresarial de la Sareb", cuyo objetivo primordial es liquidar los activos obtenidos durante la reestructuración del sistema financiero en un plazo máximo de quince años.

Así, todos los pisos cedidos por la Sociedad deberán alquilarse obligatoriamente a precios "asequibles", que se determinarán en función de la zona donde estén situadas las viviendas y de los términos del acuerdo, sin perjuicio de que la comunidad pueda financiar parte de la renta a través de sus programas de ayudas públicas. "La administración autonómica deberá devolver la vivienda vacía al término del convenio para que la Sareb pueda proseguir con su tarea de desinversión, y se favorecerán especialmente las regiones con mayor presencia de vivienda de la Sociedad y donde haya más necesidades habitacionales", añade el Gobierno.

En febrero, la Sareb mostró su disposición a ceder temporalmente hasta 2.000 viviendas de su fondo a las comunidades autónomas para cederlas a precios asequibles a personas con dificultades económicas. Sin embargo, de momento la entidad sólo ha firmado un convenio con la Generalitat de Catalunya, en julio, para cederle 600 pisos.