Conocían dónde vivían, sus rutinas, incluso cuántos hijos tenía una de ellas. El objetivo, darlas un susto para que reconsideraran sus decisiones en la Junta de Tratamiento de la prisión Puerto III, en Cádiz. El sindicato Acaip (mayoritario en el cuerpo) ha denunciado la existencia de un plan urdido por un peligroso preso, el narcotraficante Anselmo Sevillano Amaya, para coaccionar a dos funcionarias del centro, una psicóloga y una trabajadora social, que habían votado en contra de conceder el tercer grado a un supuesto amigo de Sevillano, Luis Aveledo Bellido, un conocido constructor gaditano que también cumple condena en la misma cárcel, constructor que ya fue indultado en 1997 por una condena anterior.

Sevillano, de 36 años, fue detenido en noviembre de 2011 cuando se escondía de la Policía Nacional en un chalé de la urbanización de lujo Atalaya Park, en Estepona (Málaga), tal y como publicó 20minutos. El Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Huelva calificó a Sevillano cuando lo detuvo como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa, "por el nivel de mercancía que metía, los contactos y el tiempo que llevaba". Es imposible calcular la droga que ha metido en España. "Muchos envíos y muchas cantidades, seguramente uno de media a la semana", según fuentes policiales. Su último cargamento, antes de su arresto, fue interceptado en agosto de 2011. En total, 3.620 kilos de hachís, que su grupo (junto a él fueron detenidas otras 11 personas) escondía en un astillero de Isla Cristina, en Huelva. Anselmo traía la droga en lanchas rápidas. Y sus tripulantes iban vestidos de guardias civiles, con unos uniformes perfectos, para no levantar sospechas.

Al parecer, Sevillano contactó con gente de su entorno para que intimidaran a las dos funcionarias. Ambas forman parte de la Junta de Tratamiento que decide si un preso obtiene o no beneficios penitenciarios, o si cambia de grado. La psicóloga y la trabajadora social habían mostrado sus dudas sobre los permisos que ya había disfrutado Luis Aveledo, un total de 38 días de permiso en siete meses, incluso un permiso para ir al dentista. "Algo excepcional", señala el sindicato, ya que los reclusos clasificados en segundo grado (como es el caso) disfrutan de 36 días de permisos ordinarios en un año, divididos en 18 días por semestre. Es decir, Aveledo disfrutó 38 días en siete meses, cuando lo normal es 36 días en doce meses. Además, el interno Luis Aveledo había sido incluido tres veces en "los guiones" de la Junta de Tratamiento para que se le revisara su grado, ya que solicitaba pasar de segundo grado a tercero (y acudir así solo a la cárcel a dormir). El Equipo Técnico de la Junta, del que forman parte la psicóloga y la trabajadora social, entendieron que no había motivos para que al interno se le hubiera intentado revisar el grado tres veces en cinco meses, y así lo hicieron constar en acta.

Pero todo se torció para los intereses de Sevillano y Aveledo cuando una denuncia por escrito reveló los funestos planes ideados por el narco y su amigo el constructor. El 22 de septiembre de 2014, un preso compañero de Luis Aveledo informó de las amenazas que había oído en boca del constructor. La dirección, presionada por las afectadas, que temían por su integridad física y la de sus familias, abrió un expediente sancionador contra Aveledo el 29 de septiembre. El internó denunciante se ratificó. A pesar de ello, la Comisión Disciplinaria de la cárcel decidió archivar el 28 de octubre el expediente al no encontrar pruebas, ya que Aveledo negó los hechos y dijo que no tenían ninguna relación con el famoso narco.

En su pliego de descargos presentado el 1 de octubre, Aveledo aseguró "que no tenía ninguna relación comercial o de negocios con Anselmo Sevillano". Tanto Acaip como la Asociación Profesional de Funcionarios Penitenciarios (APFP) creen que Aveledo mintió, ya que según demuestra el registro mercantil, el constructor compró en mayo la empresa Onucar Import SL, con sede en Huelva, que la investigación policial contra Sevillano demostró que había pertenecido al narco. Sevillano ya protagonizó otro incidente polémico en la prisión de Huelva nada más ser detenido. En diciembre de 2011, Instituciones Penitenciarias destituyó al director de la cárcel de Huelva, Francisco Sanz García, por "pérdida de confianza", tras 14 años al frente de esa prisión. Sanz fue investigado por la Inspección de Instituciones Penitenciarias cuando Sevillano confesó que había regalado coches de lujo al exdirector para que ayudara a un primo suyo, Felipe Escobar, alias el Negro, que llegó a cumplir prisión en este centro por tráfico de drogas y agresión sexual. La empresa de la que procedían los coches era Onucar Import.

Acaip no entiende cómo es posible que el director de Puerto III, Miguel Ángel Rodríguez, desprecie las informaciones sobre posibles amenazas a funcionarias, facilitadas por un interno "cuando todos sabemos los riesgos que asume un preso cuando denuncia a otro. Y más si tenemos en cuenta que el director debe velar por la seguridad de sus trabajadores". La APFP se pregunta también cómo es posible que el preso se enterara de las decisiones tomadas por las dos funcionarias, cuando lo que se habla en la Junta de Tratamiento es confidencial.

El 11 de diciembre, Acaip elevó un escrito de queja al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, denunciando al director de Puerto III "por incumplir, cuando menos de modo negligente, con el deber de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y sus familias y por el trato de favor hacia un interno". El escrito de Acaip revela que el interno Luis Aveledo ha explicado de forma "continua y persistente" que es amigo del director, que sabe dónde vive, dónde veranea y que incluso tiene su teléfono particular, "algo que al parecer se confirma con la excesiva cuantía de permisos disfrutados y las tres revisiones de grado en cinco meses".

Acaip tampoco entiende porque el 9 de diciembre a Comisión Disciplinaria de la prisión aprobó por unanimidad la concesión de una nota meritoria para el interno que denunció las amenazas, si esa misma Comisión decidió archivar el caso por la inexistencia de pruebas. Por su parte, el constructor ha sido trasladado a otra prisión, Puerto II (al lado de Puerto III), y ha puesto una querella por denuncia falsa al preso que le denunció. Sevillano ha sido trasladado a la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera. Acaip también pide a Instituciones Penitenciarias que el servicio de Inspección depure responsabilidades y haga una investigación "en toda regla" y no la investigación oficiosa que ha hecho en Puerto III.

En mayo de este año, el Tribunal Supremo confirmó la condena de diez años y seis meses de prisión impuesta a Sevillano por la Audiencia Provincial de Huelva en junio de 2013. Con su sentencia, el Supremo desestimaba el recurso interpuesto por la defensa del narco, que también tiene que pagar dos multas que suman 70 millones de euros. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con un portavoz de Instituciones Penitenciarias.