De acuerdo con su decreto regulador, el nuevo instrumento se configura como un punto de encuentro de todos los sectores institucionales, sociales y económicos comprometidos con el objetivo de avanzar hacia un modelo urbano y social sostenible, basado en la reactivación de la ciudad consolidada, la promoción del alquiler y la rehabilitación edificatoria y energética como líneas fundamentales para la defensa del derecho a la vivienda y la recuperación del sector de la construcción.

Entre otros cometidos, el Observatorio se encargará de asesorar a las administraciones, constituir un contenedor digital de información de acceso libre y cumplir con las funciones que le encomiende la Consejería de Fomento y Vivienda.

En cuanto a su estructura, el órgano estará presidido por la persona titular de este departamento, mientras que la vicepresidencia corresponderá a la que esté al frente del máximo centro directivo en materia de vivienda. Todos sus componentes no percibirán retribución alguna por su actividad.

Contará con una dirección técnica y un consejo integrado por vocales en representación de la Junta (13); la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en Andalucía (1); las organizaciones empresariales (2) y sindicales (2); el sector de la economía social (1); las entidades financieras que operan en la comunidad (2); las organizaciones de consumidores y usuarios (3) y vecinales (1); las Universidades de Andalucía (1); los colegios profesionales vinculados al sector (2), y la Mesa del Tercer Sector de Andalucía (1), además de otros cinco procedentes de colectivos sociales que serán nombrados por la Presidencia del Observatorio en función de su implantación territorial y número de miembros.

El Observatorio desarrollará sus funciones a través de cuatro grupos de trabajo, centrados en la vivienda, el suelo, la rehabilitación y la ciudad. Para la difusión de los contenidos que genere se habilitará un portal específico en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda.

La creación de este órgano de participación se recoge en la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el 1 de octubre del pasado año. Entre otras novedades, esta norma establece medidas para fomentar el alquiler de viviendas vacías con ayudas a propietarios particulares y refuerza la lucha contra los desahucios hipotecarios con fórmulas de expropiación temporal de los inmuebles embargados para evitar el desalojo de familias en riesgo de exclusión social.

Su principal objetivo, para el que también trabajará el Observatorio, se dirige a hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.