El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se ha referido este viernes a la petición de la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, a la Junta para que ésta entregue las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros —los denominados 'consejillos', órgano presidido por el consejero de la Presidencia— desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, así como las convocatorias internas y orden del día que hubiera.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha presidido la constitución del Foro Provincial de la Inmigración, y preguntado por este asunto, de Llera no ha querido entrar a valorar esta solicitud porque en la actualidad, aunque sea jurista, ha remarcado que su obligación es "ocuparse del buen funcionamiento de la justicia en Andalucía, no juzgar las peticiones judiciales".

"Imagino que sí entregará la Junta estas actas, pero no lo sé porque no he visto el auto, ni quiero verlo, no tengo ganas de ver ningún papel del juzgado", ha enfatizado el consejero de Justicia.

En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pide dichas actas a fin de investigar si en las mismas "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión" de subvenciones de naturaleza laboral "y acerca de la ilegalidad" del procedimiento de concesión y pago, "conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos de cada año".

El objetivo es investigar "cuantas cuestiones eran analizadas en los citados consejos en torno al uso ilícito de las transferencias de financiación para el pago de IDEA de las subvenciones sociolaborales, sobre la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, sobre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipaba el pago de unas subvenciones que se otorgarían arbitrariamente, sobre las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31L, y sobre los presuntos acuerdos de colaboración entre las consejerías de Empleo y de Innovación".