La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, junto a la directora general de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, Manuela Fernández, ha inaugurado este martes el encuentro de presentación y debate del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en Córdoba.

Durante el acto, Ambrosio ha señalado que una de las señas de identidad del Gobierno andaluz a lo largo de estos años ha sido "escuchar a la gente, atender sus demandas y prioridades y ser sensibles a las necesidades de las personas, ya que de esta manera se fortalece la democracia y adquiere un significado más completo".

En su opinión, "desde Andalucía estamos demostrando que es posible gobernar de otra manera y, precisamente en estos momentos, tenemos que trabajar para fortalecer la confianza y la credibilidad en la política y en las instituciones, a través de las cuales se canaliza la acción de Gobierno y se defiende el interés general de los ciudadanos y ciudadanas".

En este sentido, Ambrosio ha señalado que quienes ejercen "un cargo de responsabilidad pública en un momento determinado somos, ante todo y por encima de todo, representantes de los ciudadanos, nos debemos a ellos y con ellos debemos conformar una sociedad civil con más derechos, más justa y equitativa, donde prime el concepto de interés público y el bienestar social".

Según ha expuesto la delegada, "debemos avanzar en la dirección adecuada para que, aprendiendo de lo vivido, nos dirijamos hacia una sociedad donde alcancemos una política con mayúsculas, recuperemos el músculo democrático con una relación directa y verdadera entre la ciudadanía y la institución, porque desde la Junta de Andalucía entendemos que la participación en las instituciones es un elemento esencial en la democracia".

Para Ambrosio, "ahora más que nunca la voz de los ciudadanos, de las asociaciones, colectivos y entidades se nos antoja determinante, porque seguimos inmersos en un contexto social y económico complicado en el que hay que priorizar bien, repartir de la mejor manera y salir de esta en las mejores condiciones".

Por todo ello, según ha indicado la delegada, "es necesaria una ciudadanía y un movimiento ciudadano fuertes, que confíen en la clase política como sus representantes y que además participen en la toma de decisiones y sean detectores de las necesidades y demandas de la gente, como un complemento de la acción de los gobiernos de las instituciones".

A este respecto, Ambrosio entiende que la futura norma de participación ciudadana "es un compromiso firme y fuerte de la Junta de Andalucía en un momento donde la suma de voluntades, ideas e iniciativas de todas las partes encuentra un soporte adecuado, que canaliza el trabajo conjunto de la sociedad civil".

Además, la delegada comparte que la ciudadanía quiera verse cada vez más implicada en las tareas de gobierno de la Junta de Andalucía, "porque es necesario fortalecer la voz ciudadana ante las decisiones políticas y la capacidad de que todos y todas puedan corregir, sugerir o denunciar ante una decisión determinada".

Ambrosio ha concluido con el mensaje de que se va a trabajar "conjuntamente para que esta Ley sea un referente de la participación ciudadana de verdad; que el discurso se corresponda con los hechos, ya que Andalucía quiere seguir siendo un ejemplo, como en otras muchas cosas, de transparencia y madurez democrática, en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas".

Referente de participación ciudadana

Por su parte, la directora general de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía, Manuela Fernández, ha comentado que "esta nueva norma es un herramienta que permitirá acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, es un texto ambicioso que aspira a ser un referente de la Participación Ciudadana".

Ha explicado que, desde su origen, "esta norma canaliza esa pretensión de dar respuesta a las reivindicaciones ciudadanas de mayor participación en las decisiones políticas y cumplir con el objetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía de promover su participación en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas". Por tanto, supone un salto hacia "un modelo de democracia participativa avanzada".

El anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana regula la ampliación de los derechos de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía.

De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas fundamentales para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas

En el foro celebrado este martes en Córdoba han intervenido organizaciones sociales, plataformas de voluntariado y ciudadanos que, divididos en grupos de trabajo, han deliberado, planteado propuestas o dudas y discutido posibles soluciones. Los resultados se incorporarán al anteproyecto, siempre y cuando estos se presenten formalmente como alegaciones. El plazo está abierto hasta el próximo 30 de octubre, que es cuando concluye el periodo de información pública.