UGT estima que la menor cosecha de aceituna supondrá en España la pérdida de "unos 7,4 millones de jornales", la gran mayoría en Andalucía, por lo que pedirá al Gobierno la exoneración de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario así como a la Junta la creación de un observatorio estable de empleo agrario que permita anticiparse a las necesidades del sector y contribuya a hacer más automática la respuesta a este tipo de situaciones.

Así se ha puesto de relieve en la rueda de prensa que han ofrecido este jueves en Jaén el secretario general de Fitag en UGT-A, Pedro Marcos, junto a su homólogo en Jaén, Antonio Marcos, y el secretario federal del Sector Agrario de Fitag-UGT, Miguel Rodríguez, para analizar la próxima campaña y sus consecuencias entre los trabajadores.

Rodríguez ha apuntado que, por los datos que manejan, la producción de aceite de oliva será un 60 por ciento inferior respecto a la pasada tanto en España como en Andalucía y "se agudiza en Jaén", donde estima un 71 por ciento menos, pasando de 749.000 toneladas en la campaña 2013-14 a unas 217.400 en la que viene. Estas cifras se traducirán, según ha añadido, en una pérdida de 7,4 millones de jornales en el país, de los que unos 7.015.000 se dejarán de crear en la comunidad andaluza.

Se trata de "situación muy grave, pero más" si cabe en una provincia como la jiennense que tiene al olivar como monocultivo y donde la pérdida estará cercana a los 4,2 millones de jornadas. Le seguirán Córdoba, con casi 1,7 millones de jornales menos, Granada con 610.000, Málaga con unas 300.000; Sevilla con 210.000 y a más distancia, Almería con unas 15.000 y Huelva y Cádiz con unas 2.700 y 2.000 en cada caso.

Con este panorama, UGT "se ve obligada a pedir medidas" tanto a los gobiernos central y andaluz. En primer lugar, instar al Ministerio de Empleo, competente en la materia, a la exoneración de las peonadas necesarias para acceder el subsidio agrario, lo que no significa, según Pedro Marcos, que todo trabajador pueda acceder en cualquier circunstancia, sino que debe estar vinculado al empleo, en este caso del año anterior.

Al respecto y preguntado por si una reducción en el número de jornales, como ocurrió hace dos campañas al bajar de 35 a 20 peonadas, sería suficiente, ha respondido que podría estudiarse por territorios, pero en una zona como Jaén, con una pérdida tan acusada, "no cabe otra cosa" que no sea la eliminación total.

Junto a ello, el secretario general de Fitag en UGT-A ha reclamado "fondos adicionales y extraordinarios para paliar esa pérdida de empleo" que deberían ser "al menos como un PER ordinario, con la misma cuantía".

Por otro lado, ha incidido en que el objetivo es "dar estabilidad y automaticidad" ante este tipo de situaciones, de manera que cada vez que haya una disminución importante en cosechas no se tenga que estar realizando peticiones y negociando para ponerlas en marcha mientras los afectados tienen una "complicada subsistencia". "Tiene que ser más automático", ha apostillado.

Observatorio estable de empleo agrario

En este sentido, ha planteado la necesidad de que la Junta, a través de los departamentos de Agricultura y Empleo, articule "un observatorio estable de empleo agrario para anticiparse" a las necesidades del sector. Según ha destacado, el Ejecutivo autonómico cuenta con los datos sobre quiénes son los productores, cuánto se produce y de qué manera, por lo que podría identificar y establecer qué mano de obra se necesita por hectárea en cada cosecha, ya sea en el olivar, cítricos o de otro tipo.

"El tema agrario, agroalimentario, se tiene que tomar mucho más en serio de lo que se lo está tomando la administración y no estar improvisando medidas a cada instante", ha asegurado Marcos, para el que el citado observatorio también contribuiría a determinar el desfase que puede darse entre los jornales teóricos que se estiman en cada campaña, por ejemplo en el aforo de la Junta, y los que realmente se declaran.

En la misma línea ha incidido Rodríguez, quien ha añadido que junto a la labor de ese órgano es fundamental la participación de la Inspección de Trabajo, que requiere de más medios humanos y económicos para un control efectivo.